La Fiscalía mantiene la investigación a Don Juan Carlos pese a la regularización

Los fiscales a cargo de las diligencias sobre el dinero recibido por Don Juan Carlos de un empresario mexicano a través de una persona interpuesta han acordado tras una reunión este viernes seguir adelante con las pesquisas y analizar «el alcance» de la regularización que esta semana ha presentado ante Hacienda afrontando el pago de una deuda de 678.373 euros.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado, los fiscales analizarán el impacto en sus diligencias de la mencionada regularización así como «su espontaneidad», cuestión clave para decidir si aflorar esa donación de en torno a 800.000 euros le permite eludir el delito fiscal en el contexto de las excusas absolutorias que prevé el Código Penal.

Esta cuestión genera controversia, porque tal y como informaba ayer ABC, el artículo 305.4 del Código Penal recoge que se extingue la responsabilidad penal por delito fiscal cuando se hayan regularizado los fondos y pagado la deuda antes de que se abra una inspección de la Administración Tributaria competente o se presente una querella o denuncia por parte de la Fiscalía y/o la Abogacía del Estado. En el caso de Don Juan Carlos, no ha sucedido.

Sin embargo, el mismo artículo establece que la regularización debe tener lugar también « antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias ». Y el equipo jurídico del padre del Rey fue notificado el pasado mes de noviembre de que la Fiscalía del Supremo investigaba su patrimonio.

Mientras algunos expertos apuntan a este diario que la mera notificación de las diligencias -una información sucinta- no constituye ese «conocimiento» con el que no es posible eludir el delito fiscal , otros señalan que implica frustrar la espontaneidad de la autodenuncia que premia con la impunidad el Código Penal. Si los fiscales del Supremo hacen la misma lectura, el delito fiscal de Don Juan Carlos no se extinguiría, si bien se vería notablemente atenuado por el reconocimiento y el pago de la deuda.

No obstante, esto podría suponer un problema para el horizonte penal del monarca abdicado, de acuerdo a las mismas fuentes, porque por leve que sea, el delito fiscal sería el ilícito precedente al afloramiento de los fondos con los que esa persona interpuesta, el coronel Nicolás Murga, pagaba sus gastos y los de algunos de sus familiares. Es decir, podría concurrir un delito de blanqueo de capitales.

Los fiscales del Supremo analizarán además de la espontaneidad, «la veracidad y completitud», en palabras textuales de este organismo, esa regularización «en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo».