La Fiscalía impulsa la investigación a la Generalitat por la consulta del 9-N

La Fiscalía quiere averiguar el nivel de control que mantuvo la Generalitat sobre la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 , por la que están investigados el presidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les imputa un delito de desobediencia por no respetar la suspensión de la votación .

En una nota, el Ministerio Público ha informado este lunes de que ha impulsado la investigación con la petición de nuevas diligencias ante el TSC . La Fiscalía busca esclarecer la forma en la que un organismo de la Administración catalana, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), proporcionó las «plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos esenciales para que la votación pudiera tener lugar ».

Las empresas que aportan este tipo de servicios informáticos a la Generalitat han enviado al tribunal la información sobre el método que llevaron a cabo para contratar, desarrollar e implementar estos servicios a instancias de la Fiscalía. Estos datos apuntan, según el Ministerio Público, a que en el marco contractual que ya existía entre la administración catalán y estas compañías «se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación ».

Las nuevas diligencias también pretenden determinar si en la votación se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos. El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, negó ante el juez haber cometido un delito de desobediencia, aunque se declaró «único responsable» de la consulta por la independencia . En su estrategia jurídica, eso sí, alegó que «el trabajo administrativo» se hizo antes de la suspensión y que después lo ejecutaron voluntarios.