La Fiscalía europea investiga el uso de fondos de la UE en el contrato de Ayuso
Sospecha, a diferencia de la Fiscalía española, de un posible ilícito de malversación de fondos comunitarios
«Después de tantos organismos, falta la ONU por pronunciarse al respecto», ha ironizado la presidenta regional
La Fiscalía Europea, representada en el caso de España por la fiscal Concepción Sabadell, ha incoado diligencias para investigar el uso que se hizo de la partida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con la que la Comunidad de Madrid adquirió 1,5 millones de euros en mascarillas en abril de 2020 a la empresa Priviet Sportive . La mercantil está administrada por un amigo de la infancia de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, quien habría facturado por su intermediación para la adquisición del material sanitario.
Las pesquisas se incoaron después de que un informe del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) alertara a la Fiscalía Europea de que aquel contrato denunciado por los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid y por el que la Fiscalía Anticorrupción había incoado diligencias , podía estar financiado con fondos FEDER.
Para la fiscal, hay indicios de malversación y fraude al presupuesto de la Unión Europea en la gestión de ese contrato y, en este contexto, abrió una investigación y pidió al fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le enviase las diligencias que tuviese entre manos para sumarlas a las suyas.
Según informaron a ABC en fuentes fiscales, Luzón pidió ver esa alerta del servicio Antifraude, ya que para empezar, desconocía que el contrato de mascarillas se hubiera financiado con fondos de la Unión Europea. Sabadell rechazó la petición e insistió en reclamar la investigación que Anticorrupción estaba siguiendo sobre el papel del hermano de Ayuso en el contrato. Se apoya en que la Fiscalía Europea es competente para investigar los delitos que se cometan contra intereses económicos comunitarios, pero también todos los que estén «indisociablemente» relacionados con estos.
Y ahí se ha producido un choque entre fiscalías. Luzón no cree que haya base para investigar una malversación porque está acreditado que con aquel millón y medio de euros se compraron mascarillas y estas llegaron a Ifema.
Tampoco ve indicios de fraude al presupuesto de la UE en tanto que no habría mediado falsedad alguna para obtener aquella partida. Lo que sí ve es que puede haber ilícitos que afecten a cuestiones de estricto ámbito nacional, como el buen funcionamiento de la Administración Pública o corrupción de sus funcionarios, y que además, afectan a la principal dirigente de la Comunidad de Madrid.
Considera que sus diligencias, que en este punto nada tienen que ver con los fondos europeos , deben seguir en Anticorrupción: los hechos que investiga no tienen esa conexidad indisoluble con los ilícitos que apunta la Fiscalía Europea y que justificaría remitirle el caso a ella.
Cuestión de competencias
Así las cosas, ha planteado una cuestión de competencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que el lunes escuchará a la Junta de Fiscales de Sala para tomar una decisión. Todo apunta a que se mantendrá la situación actual, porque su departamento ya ha remitido un borrador a todos los miembros de esa Junta con el asunto que se someterá a consideración y básicamente da la razón a Alejandro Luzón en que sus diligencias deben seguir en Anticorrupción, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC.
Si se confirma el lunes que esta será la postura, Sabadell, que es competente para ello, investigará si se malversaron fondos europeos mientras un juez de garantías no le diga lo contrario y Anticorrupción seguirá analizando si hubo tráfico de influencias, falsedad documental o negocios vetados a funcionarios en la adjudicación del contrato y el papel que pudo jugar el hermano de Díaz Ayuso.
«Sólo falta la ONU»
Ella misma ironizaba ayer sobre el asunto. « Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia . No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto», declaró tras conocer la noticia.
Desde Sol insisten en la legalidad del contrato, de cuyo expediente hicieron entrega a la Fiscalía Anticorrupción en cuanto se presentaron las denuncias de los grupos de Más Madrid, Podemos y PSOE en la Asamblea señalando un posible tráfico de influencias en favor del empresario amigo de la presidenta y su propio hermano. Consideran que habiendo avalado ya la Cámara de Cuentas regional que todo estaba en orden, el movimiento de la Fiscalía Europea constituye «una acción con nula repercusión judicial» y podría obedecer a «un intento de alargar el asunto en los medios» , que no en los tribunales.
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