La Fiscalía cree que la Mesa llevó a cabo un «concierto de voluntades» contra la ley

Visto para sentencia el tercer juicio vinculado al «procés». Los cinco acusados -cuatro exmiembros de la Mesa y la ex presidenta parlamentaria de la CUP- hicieron uso de su última palabra, ayer, para denunciar que, en su opinión, como los líderes del «procés» ante el Tribunal Supremo, están siendo juzgados en una «causa general» contra el independentismo .

La última jornada de este juicio, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), también sirvió para que la Fiscalía, por boca del teniente fiscal de Cataluña, Pedro Ariche , terminase de fijar su posición con un relato fáctico y cronológico de los hechos que culminaron en octubre de 2017.

Ariche recordó a los acusados ( Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Mireia Boya ) que estaban encausados, no por su militancia política, todos independentistas, sino por su «desobediencia extrema» cuando eran responsables de la Mesa del Parlamento autonómico, junto a Carme Forcadell , presidenta durante los hechos enjuiciados y condenada por el Supremo, y presidenta de un grupo parlamentario. Por ello, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado pidieron, para cada uno de ellos, un año y ocho meses de inhabilitación para cargo públic o y una multa de 30.000 euros.

« No se juzga aquí al independentismo . (...) Todas las ideas son legítimas si no colisionan frontalmente con el Código Penal», recordó Ariche en su informe final ante el tribunal, presidido por Jesús María Barrientos , presidente a su vez del TSJC. El fiscal quiso dejar claro, desde el inicio, que los cinco acusados llevaron a cabo un «concierto de voluntades», es decir, un acuerdo previo a la comisión de un delito en el que cada uno de los firmantes cumple con su parte acordada, y que así fue como ignoraron las advertencias del Tribunal Constitucional para poder tramitar una serie de leyes en el Parlamento autonómico que dieron forma de legalidad, sin tenerla, al proceso de secesión ilegal.

En esta línea argumental, Ariche negó que los acusados disfrutasen de una i nviolabilidad parlamentaria «ilimitada» y añadió que, en el caso de los miembros de la Mesa, tenían la obligación de vetar las iniciativas que fuesen «palmariamente inconstitucionales» por orden del Constitucional. Un veto que no ejercieron los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se «desbordaron los límites objetivos y subjetivos de la desobediencia» al aprobar las leyes del «procés».

Por su parte, los abogados de las defensas pidieron la absolución de los acusados al considerar que su actuación estaba amparada por ser los «legítimos representantes» del pueblo.