La Fiscalía avanza en su investigación sobre el pago de comisiones ilegales en el AVE a la Meca

La Fiscalía Anticorrupción ya da por iniciada la investigación sobre un supuesto pago de comisiones millonarias en la construcción del AVE a la Meca. Según señalaron fuentes de este órgano a ABC, el Ministerio Público tiene en sus manos la remisión de testimonio que solicitó al juez de la Audiencia Nacional Diego De Egea en el marco de las grabaciones que el excomisario José Manuel Villarejo hizo a la empresaria y amiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgesntein. En una conversación mantenida en Londres en 2015 con el policía, Corina atribuía al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech.

Fue el primero de estos asuntos, comisiones presuntamente pagadas por empresarios españoles, el único que la Fiscalía vio susceptible de una investigación penal, por lo que ese mismo mes de septiembre abrió diligencias informativas (no judicializadas) para aclarar los hechos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha recibido el testimonio solicitado al juez.

En la nota que difundió entonces, Anticorrupción aclaraba que, a diferencia de la presunta intervención de empresarios, «en lo que atañe a la eventual intervención del hoy Rey Emérito, los indicios son extraordinariamente débiles pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento». «Al margen del ello, atendiendo a la fecha del supuesto pago, también en este caso, el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad reconocida al Jefe del Estado en el art. 56.3 de la Constitución», apuntó el Ministerio Público. Días después, y precisamente por este motivo, el juez archivó la parte de la investigación referida a Don Juan Carlos.

No obstante, aclaró la Fiscalía, como se trata de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales «sí parece procedente iniciar una investigación, desde luego al margen de este procedimiento (las grabaciones de Villarejo), pues ninguna conexión tiene con el mismo».

Como es la Fiscalía la que, en su caso, tendría que interponer la querella, es a ella a la que corresponde no sólo acreditar los indicios de criminalidad, sino también valorar si concurren las condiciones legales exigidas para fundamentar la competencia de la jurisdicción penal española en esta materia, pues el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial excluye la perseguibilidad en España de los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

Fuentes del Consorcio Español Alta Velocidad Meca-Medina destacan que el caso no se refiere a su actividad, ya que se trata de una empresa «creada ex profeso para la construcción y operación de la línea».