La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide procesar por terrorismo a la «célula» radical de los CDR
Concluye que los 13 imputados buscaban la independencia «empleando para ello la violencia en su máxima expresión»
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional escrito solicitando el cierre de la instrucción relativa a los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República (CDR) y el procesamiento de todos los imputados, un total de 13 personas, por delitos de terrorismo.
En su escrito, adelantado por El Confidencial y al que tuvo acceso ABC, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo argumenta a lo largo de 81 páginas que hay indicios para enfilar al banquillo a este grupo cuyo objetivo «era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de modo coercitivo las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España».
Se trata de Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Joaquín Delgado, Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.
Todos están señalados por integración de organización terrorista y a los nueve primeros se les atribuye además, tenencia, depósito y fabricación de explosivos como la termita, que estaban tratando de sintetizar en «dos laboratorios clandestinos» levantados en sendos domicilios.
«La actividad realizada en dichos laboratorios caseros perseguía, en suma, como finalidad principal 'la fabricación del agente alumino térmico denominado Termita', así como la 'síntesis de explosivos rompedores en la órbita del Hexógeno, el Nitrato Amónico, la Tetralita, la Nitrocelulosa y la Cloratita'», relata el escrito del fiscal.
Explica que de las evidencias recogidas durante la investigación y las analizadas tanto físicas como digitales tras los registros, se concluye que los imputados habrían « llevado a cabo todos los pasos necesarios para la elaboración y fabricación de sustancias incendiarias, deflagrantes y explosivas, de forma efectiva », adquiriendo «los conocimientos necesarios (incluso con el asesoramiento de expertos)» y comprando «las sustancias o elementos necesarios para su fabricación», a veces, con identidades falsas. En el punto de mira, una serie de infraestructuras.
«La organización terrorista en el momento de su desarticulación ya había llevado a cabo informaciones precisas de sus posibles objetivos«, explica el fiscal. Incide en que »habrían desarrollado actos preparatorios, consistentes en una labor de reconocimiento de objetivos, vigilancia y control de instalaciones policiales, toma de fotografías y vídeos de los objetivo s predeterminados « entre los que destacan la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, de la que hicieron un »reconocimiento completo«, pero también las sedes de la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación del Gobierno. hicieron, asimismo, búsquedas de personajes públicos y agentes de los Mossos.
Una célula radical en un movimiento más amplio
Para la Fiscalía, este grupo se incardina dentro del movimiento general de los CDR, en cuyo seno habrían «conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados» en los dos mencionados laboratorios caseros.
Los integrantes de esta «célula» se definen, así como «un grupo reducido de individuos de diferentes CDR, que evidencian una gran radicalidad» y que ya habrían tenido «participación activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo» los comités, como el vertido de aceite en la calzada que iba a transitar el furgón con los presos del procés.
Sin embargo, fueron más allá, de acuerdo a las conclusiones del fiscal, «asumiendo el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente, todo ello dada la capacidad técnica y humana del citado grupo».
Contaban con 6.000 euros para montar un sistema de comunicaciones que permitiese un bloqueo del Parlament, al que accederían con la ayuda de alguien desde dentro, y «amplios conocimientos» de informática para ello. Fue así, según la Fiscalía, como «los investigados, aprovechándose de los contactos propiciados en el seno de la militancia en los CDR, se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior ».
