La Fiscalía apoya que el juez investigue «todos» los contratos de Podemos con Neurona
Ve «razonable» investigar todos los acuerdos de la formación con esa mercantil sospechosa de ser «ficticia»
La Fiscalía Provincial de Madrid considera «razonable» que el juez instructor Juan José Escalonilla investigue todos los acuerdos suscritos Podemos con Neurona, habida cuenta de que «el hecho de que se hicieran pagos a una sociedad indiciariamente ficticia obliga a realizar una mínima investigación».
De este modo se expresa el Ministerio Público en un escrito remitido el pasado 27 de enero al juzgado con el que impugna un recurso de apelación de Podemos contra la decisión del juez de librar oficio a la Junta Electoral de Madrid para que identifique al administrador de la cuenta electoral de Unidas Podemos en las autonómicas del 26 de mayo de 2019, pues también firmó contratos con Neurona.
Para la Fiscalía, «el principal objeto de este procedimiento es determinar la realidad o no del contrato entre Podemos y Neurona indiciariamente constitutivo de delito electoral como se ha venido reiteradamente exponiendo a lo largo de este procedimiento» y, por ello, esa diligencia es pertinente.
Ese contrato que está bajo la lupa por sospecha de falsedad fue suscrito por Unidas Podemos y Neurona Comunidad para las elecciones generales de abril de 2019 e implicó el pago de 363.000 euros que luego la coalición quiso cargar a la financiación pública de las campañas electorales , haciendo saltar las alarmas en el Tribunal de Cuentas.
El fiscalizador advirtió de que no se cumplían los requisitos para considerar aquel un gasto electoral y Unidas Podemos no fue capaz de justificar documentalmente lo contrario. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas emitió un informe al juzgado, donde un exabogado del partido ya había denunciado que aquel contrato pudo ser simulado, advirtiendo de un posible delito electoral que ahora se investiga.
La Fiscalía recuerda que «los hechos puestos de manifiesto en la denuncia en relación a Neurona así como en la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas no han sido desvirtuados a día de hoy y tras la práctica de diligencias».
«Y todo ello, casi siete meses después de iniciar las investigaciones sin que haya sido posible determinar qué trabajadores tuvo Neurona, cuánto tiempo trabajaron en España, si se desplazaron desde México y cuándo, así como dónde, se hospedaron, información de fácil acceso al ahora apelante que no ha sido facilitada».
Cabe recordar que Neurona Comunidad resultó ser una mercantil creada ad hoc para firmar aquel contrato con Podemos . Su sede, un despacho de abogados en un pueblo de Sevilla. No tiene ni empleados ni un fin social compatible con la consultoría electoral por la que se contrató, como tampoco infraestructura para prestar esos servicios. Además, el grueso del dinero que recibió por aquel contrato acabó en México, en una mercantil cuyos servicios aún están por demostrar.
La Fiscalía insiste por ello en que «si lo que se investiga es la realidad del contrato y de la propia mercantil que parece vinculada con el partido, es razonable investigar todos los contratos entre Neurona y la formación Unidas Podemos».
«Más aún -añade el escrito de la Fiscalía-. El resultado de esta investigación puede ser incluso en interés del ahora recurrente por cuanto podrían extraerse conclusiones en beneficio del mismo tanto en relación a la existencia o no de Neurona como de los contratos firmados. Y a ello nada obsta el hecho de que las cuentas de las elecciones del 26 de mayo fueran auditadas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid».
Apoya así el auto del 16 de diciembre de 2020 que desestimaba, a su vez, el recurso de Podemos contra una providencia que el juez había dictado el 4 de noviembre. En esa orden, acordaba librar «oficio a la Junta Electoral Provincial de Madrid a los efectos de que en relación con las Elecciones Autonómicas de la Comunidad de Madrid celebradas en día 26 de mayo de 2019, informe sobre la identidad del administrador electoral designado por la coalición electoral Unidas Podemos, así como la cuenta o cuentas electorales designadas para la recaudación de fondos».
Apoya el archivo de la investigación por las obras
La Fiscalía no tiene el mismo parecer sobre la investigación abierta también por la denuncia inicial respecto de posibles irregularidades en las obras de reforma de la sede de Podemos en Madrid.
En otros cinco escritos que informan recursos del partido, su tesorero Daniel de Frutos, su gestora Rocío Val y una trabajadora que fue imputada por este asunto ya archivado, se adhieren a sus peticiones de que se dé carpetazo definitivo al asunto con un sobreseimiento libre y rechaza las de las acusaciones que piden seguir adelante.
Para el Ministerio Público, «el incumplimiento de las normas internas de licitación de Podemos, con estándares de control muy superiores a la propia Ley de contratos no integraban hecho delictivo alguno».
«Ningún elemento existe que corrobore el sobreprecio denunciado inicialmente (...) El delito de administración desleal del art. 252 del CP castiga los excesos en la administración que causen un perjuicio patrimonial. Por ello, ante la ausencia de perjuicio acreditado, no es sostenible el delito de administración desleal», señala.
Además, considera que «los testigos han dado cumplida explicación de los motivos por los cuales existe el desfase entre el proyecto y la ejecución, desfase por otro lado frecuente en la ejecución de obras» y descarta que haya que practicar más diligencias «cuando todos ellos han declarado bajo juramento o promesa de decir verdad que los precios eran los propios de mercado y que incluso pueden considerarse ajustados».
Noticias relacionadas
