El fiscal, en el juicio de Alsasua: «La Guardia Civil no es una asociación de amigos. Defiende la unidad de España»

En un encendido alegato, el fiscal Álvaro Redondo ha defendido este miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la agresión a dos guardias civiles de Alsasua y sus novias el 16 de octubre de 2016 tuvo un componente ideológico. Fue su condición de miembros de la Benemérita, y no otra circunstancia, lo que les convirtió en objeto de la paliza por la que la Audiencia Nacional condenó a los ocho acusados.

«La Guardia Civil no es una asociación de amigos que se reúnen a comer asado; es una institución que asume los valores constitucionales, fiel a España, al Rey y al pueblo español», ha señalado Redondo. El fiscal ha pedido así a la Sala que mantenga las agravantes de discriminacion ideológica y abuso de superioridad que la Audiencia Nacional impuso a los acusados, condenados a entre 2 y 13 años de cárcel por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Aunque la Fiscalía y las acusaciones habían pedido que se les condenara por terrorismo, la Audiencia no lo hizo y el Ministerio Público tampoco lo recurrió ante el Tribunal Supremo.

Y precisamente esa inicial acusación de terrorismo ha sobrevolado las intervenciones de las defensas en la vista que revisa la condena a los agresores. Una de ellas, la que ejerce José Luis Galán, ha aludido al «ruido mediático al que nos condujo el terrorismo» y a la «estigmatización» de sus clientes y del resto de Acusados hasta el momento de la Sentencia, pues, a su juicio, se les ha tratado como terroristas.

Fue Galán quien desvinculó la agresión en el bar Kotxa de Alsasua de la condición de guardias civiles del teniente y sargento agredidos. «¿Es un colectivo vulnerable la Guardia Civil? No, porque eso dejaría muy mal al Estado de Derecho, implicaría que la ideología de todos los guardias civiles es la misma y no es así».

Los cinco abogados de los condenados han pedido al tribunal que anule la sentencia de la Audiencia Nacional alegando la falta de imparcialidad y garantías del tribunal que les juzgó, irregularidades en las ruedas de reconocimiento y la falta de prueba de la participación de los acusados en los hechos.