Un fiscal Anticorrupción y su familia fueron amenazados por un jefe de la mafia rusa

Dieciocho presuntos miembros de la «Tambovskaya», una organización criminal procedente de Rusia y afincada en España, se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusados de asociación ilícita y un delito continuado de blanqueo de dinero. Como estaba previsto, no compareció ninguno de los dos jefes detenidos en Mallorca y Málaga, Gennadios Petrov y Alexander Malyshev, y sí lo hizo el diputado de la Duma y miembro del partido Rusia Unida, Vladislav Reznik y su mujer Diana Gindin, amigos y socios de Petrov, a quienes la Fiscalía les pide 5,6 años de prisión y cien millones de euros de multa, respectivamente.

Nada más formarse la Sala, los dos fiscales Anticorrupción, José Grinda y Juan Carrau, presentaron una nueva prueba que ilustra el tipo de delincuencia que se está juzgando: una carta de la que fue fiscal general del Estado Consuelo Madrigal enviada al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. En ese documento le detalla que el fiscal Grinda y miembros de su familia, «entre los que se encuentran menores de edad» han recibido «amenazas directas» procedentes de miembros de la «Tambovskaya», y en concreto, de uno de sus dirigentes, Ilias Traber, conocido como «el Anticuario», contra quien hay dictada orden de busca y captura europea. «Ruego se me facilite información sobre la valoración profesional de la realidad y verosimilitud de dichos riesgos», pide Madrigal, así como sobre las medidas oportunas para prevenirlos o minimizarlos.

Frente a esas coacciones reales y concretas que la propia Madrigal define como «amenazas con un carácter particularmente inquietante» en su escrito fechado el 7 de octubre de 2016 y que ayer fue entregado a las partes y a la Sala, el abogado de uno de los acusados, Kiril Yudashev , afeó a la Fiscalía la presentación del escrito y le reprochó que recurriera a la estrategia del «difama que algo queda». «Es a la fiscal general a la que le ha imputado usted la difamación», le replicó Grinda.

El abogado de Juan Antonio Untoria , también letrado y exmilitar, que canalizó parte de las inversiones de Petrov en nuestro país y figuraba como apoderado de Inmobiliaria Balear 2001, pidió la suspensión del juicio oral por no comparecer ni Petrov ni su mujer. La Fiscalía argumentó que es normal no tener a disposición de la Justicia a las personas con mayor capacidad económica pero eso no impide que se enjuicie al resto, de lo contrario «no habríamos enjuiciado nunca a ninguno y ni siquiera a ETA», sostuvo el representante del Ministerio Público.