Fernández Díaz cuestiona que el juez invierta la carga de la prueba al reclamarle el móvil por Kitchen
Entregará el terminal que estuvo utilizando hasta el pasado mes de abril, pero no conserva ya el que tenía cuando se desplegó la operación
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz va a entregar al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el teléfono móvil que ha estado utilizando hasta el pasado mes de abril, sin embargo, ya no conserva el que tenía cuando en el año 2013 se desplegó la Operación Kitchen , tal y como expone en un escrito al que ha tenido acceso ABC, en el que cuestiona que el juez esté invirtiendo la carga de la prueba.
El documento, registrado este lunes, expresa su «asombro y perplejidad» por el hecho de que se exija a Fernández Díaz «que sea él quien pruebe que no envió los mensajes» consignados ante notario por su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez , a quien no se ha requerido el teléfono que utilizaba en las fechas en las que presuntamente, se produjo aquel intercambio.
«Resulta sorprendente que a Martínez, quien sostiene que envió y recibió en 2013 los mensajes que ha protocolizado ante notario, no se le haya requerido para que aporte el terminal de telefonía que utilizaba aquel año a fin de acreditar la realidad de tales comunicaciones y sin embargo, se requiera de modo persistente a Fernández Díaz con la finalidad de que aporte todos los teléfonos que ha empleado desde el año 2013», señala el escrito.
Este asunto centra ahora mismo la discordia en la investigación sobre el operativo parapolicial desplegado entre 2013 y 2015 que habría tenido por objetivo sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y audios comprometedores para el partido o sus dirigentes.
Martínez asegura que fue un despliegue legal del que Fernández Díaz estaba al tanto y cuenta para apuntalar su afirmación con dos actas notariales levantadas en el verano de 2019 en las que dejó constancia de una serie de SMS y whatsapp supuestamente intercambiados con él que versaban sobre el operativo .
Sin embargo, el exministro no solo niega haber tenido conocimiento alguno de aquella operación, sino que asegura que jamás ha recibido, enviado o reenviado ningún mensaje sobre este asunto. Ha presentado una pericial de parte que cuestiona la veracidad de las actas notariales, habla de «notables irregularidades» y plantea una posible manipulación.
Llegados a este punto y tras un careo el pasado viernes que no acabó de dilucidar quién de los dos ofrece una versión más verosímil , el juez ordenó a Fernández Díaz entregar dos teléfonos: el que jubiló el pasado mes de abril y el que utilizaba en las fechas objeto de la investigación.
Se suponía que esta diligencia se iba a practicar sobre la marcha en el juzgado, pues cuando declaró como imputado una semana antes, el instructor le conminó a enseñar voluntariamente su teléfono allí mismo a los investigadores.
Aquel 30 de octubre lo que mostró Fernández Díaz es el terminal que está utilizando en la actualidad y en el que no aparecieron los mensajes objeto de discordia. Comentó que se había comprado el móvil en abril, jubilando el anterior. El juez le conminó, de nuevo voluntariamente a volver al juzgado con el móvil que desechó en abril y con el que utilizaba en el año 2013, pero el pasado viernes, al término del careo, lo que se le solicitó es que dejase el teléfono allí y su letrado se negó.
Reclama confidencialidad
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, el exministro no tenía problema en que los investigadores, secretario judicial mediante, revisasen el terminal en busca de esos mensajes o de la grafía de los mismos (sustituye la «Q» por una «K») como pretendía el instructor, pero su defensa se opuso a dejar el terminal íntegro aduciendo que por el cargo que había estado desempeñando, suponía abrir la posibilidad a la filtración de información sensible y/o personal que nada tuviese que ver con la investigación sobre Kitchen.
Así las cosas, el juez dictó un auto a primera hora de la tarde que ya no invitaba a aportar voluntariamente los teléfonos, sino que describía el móvil como «verdadero cuerpo del delito» y le obligaba a presentarlo.
En su escrito, la defensa de Fernández Díaz no recurre ese auto y de hecho, asume la entrega del terminal que utilizó hasta el pasado abril, dado que según expone, el que tenía en 2013 ya no lo conserva. Exige, no obstante, que se garantice «la estricta confidencialidad y reserva respecto del contenido» pues «puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos objeto de investigación».
«La práctica de la diligencia acordada en el auto de 13 de noviembre debe acomodarse a la especial situación que implica la entrega de un terminal de telefonía utilizado por alguien que ha sido ministro del Interior durante cinco años, que puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos», expone.
