La falta de acuerdo reabre el debate sobre el sistema de elección del Consejo

El fiasco del acuerdo entre PSOE y PP para renovar instituciones que precisan amplias mayorías parlamentarias, como es el caso el CGPJ, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

La Constitución Española establece en su artículo 122.3 que el CGPJ estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y «por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros , entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

Aunque el espíritu de la ley era un sistema en el que esos 12 vocales jueces fueran elegidos por sus propios compañeros, el Gobierno de Felipe González modificó esa previsión, de forma que, aunque son las asociaciones judiciales las que proponen una lista de candidatos, es el Parlamento es quien en última instancia los elige.

Las asociaciones judiciales abogan por que se vuelva al sistema de nombramiento original en el que los doce vocales jueces sean nombrados por sus propios compañeros, un sistema que habría que también habría que estudiar en profundidad para no dejar fuera a la mitad de la carrera judicial que no está asociada. Ciudadanos ha enarbolado en el Congreso una iniciativa en este sentido, y el PP también ha llevado esta modificación en sus programas electorales de forma recurrente, aunque cuando ha tenido mayoría para cambiarlo no la hecho.

Como recordaba esta misma semana Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de Francisco de Vitoria, la segunda asociación judicial en número de afiliados, España tiene que cumplir las recomendaciones el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que «lleva años criticando reiteradamente a nuestro país por este sistema politizado».