Explicar lo obvio

A veces lo más difícil es explicar lo obvio. La declaración de Alberto Aza, jefe de la Casa del Rey cuando saltaron las primeras alarmas del escándalo del caso Nóos, lo logró con precisiones muy claras: La Zarzuela no supervisaba las actividades privadas de Iñaki Urdangarín, entre otras razones porque éste no tenía papel institucional alguno más allá de consorte, y ni siquiera se inmiscuía en las de la Infanta Cristina, que sí lo tenía. Cuando intervino para que el entonces Duque de Palma dejara Nóos no lo hizo porque pensara que había cometido irregularidades, sino porque la polémica mediática y política creada aconsejaba que saliera de la entidad para que la imagen de la Institución no quedara afectada. Carlos García Revenga no tenía el encargo de la Corona de aprobar o no las actividades personales de la pareja y si aconsejaba al matrimonio era por su relación personal y a título exclusivamente particular, aunque para comunicarse el secretario utilizase un correo electrónico con el dominio de la Casa, como hacen otros muchos trabajadores.

García Revenga era un empleado de la Casa del Rey, pero no tomaba decisiones allí al no ser un alto cargo, sino un asistente de las Infantas. Entre las competencias de Alberto Aza no estaba supervisar la vida del matrimonio ni, por cierto, la de ningún miembro de la Familia Real. Sostener por tanto que Don Juan Carlos estaba informado y autorizaba todas las actividades de Urdangarín y su hija Cristina porque se comunicaban con esa persona de confianza del matrimonio es, cuando menos, una simplificación.

La declaración de Aza supone un golpe -otro más- a la estrategia de defensa del marido de la Infanta y de su socio Diego Torres. La vista avanza y el show se desvanece. Ni rastro de un mínimo papel de la Casa del Rey, más allá del de ordenar a Urdangarín que saliese de Nóos y abandonara sus actividades mercantiles; ni rastro de que la Infanta Cristina tuviera participación en la vida de esa entidad ni en Aizoon; ni rastro, en fin, de teorías conspirativas tan del gusto de muchos.

Mientras, la acusación popular aún no ha revelado qué «estrategia procesal» justificó para retirar los cargos contra Miguel Tejeiro, asesor financiero de Torres y Urdangarín, para el que pedía once años. «Hay que esperar a que declare», se dijo en su momento. Declaró y no pasó nada.