Los exconsejeros purgados por Puigdemont dimitieron para desmarcarse de la vía unilateral
Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz han declarado como testigos en el Tribunal Supremo
Los exconsejeros purgados por Carles Puigdemont han explicado este martes en el Tribunal Supremo que salieron del Gobierno de la Generalitat en el pasado mes de julio por su rechazo a la vía unilateral a la que se encaminaban, con la celebración del referéndum independentista ilegal en el horizonte. Jordi Jané, Neus Munté y Meritxell Ruiz han defendido que eran partidarios del diálogo, en busca de un referéndum pactado con el Estado, y que no podían asumir el enfrentamiento por sus circunstancias personales. Los tres salieron del Govern el 14 de julio de 2017 , cuando Puigdemont remodeló su Ejecutivo para cerrar filas con el proceso independentista ilegal y cesar a aquellos que se mostrasen dubitativos ante el plan.
Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones han señalado que Jané (exconsejero de Interior), Munté (exconsejera de Presidencia) y Meritxell (exconsejera de Educación) también han expuesto que en su decisión influyó el cese de Jordi Baiget, el exconsejero de Empresa de la Generalitat , a quien Puigdemont relevó de su cargo el 4 de julio, después de que éste expresara sus dudas sobre la viabilidad del referéndum del 1 de octubre. «El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma legal catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto uno vendrá la suspensión», expresó Baiget en una entrevista, un reconocimiento que le costó el puesto. Baiget testificará mañana, a partir de las 10.45 horas, seguido por el exjefe de los Mossos Albert Batlle, quien dimitió en julio tras la crisis de gobierno, y que siempre se mostró partidario de hacer cumplir la ley.
A los tres exconsejeros les citó como testigos el juez del caso Pablo Llarena, para que sus declaraciones ayuden a esclarecer lo que sucedió y para atar los cabos que permitan apuntalar las imputaciones. El magistrado investiga a 28 líderes independentistas , a quienes atribuye los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos por el proceso independentista ilegal. El juez considera que los imputados alentaron una insurrección para lograr la independencia de Cataluña por las vías ilegales, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado y desoyendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. El tribunal garante suspendió y prohibió la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Los abogados de la acusación popular de Vox interpretan que los tres testigos han reconocido que se marcharon por la deriva desobediente que tomó el Ejecutivo de Puigdemont y por la ilegalidad del referéndum independentista, una contundencia que no han apreciado los abogados de algunas defensas. Según los letrados de Vox, Meritxell Ruiz ha asegurado que dimitió cuando supo que «se había fijado fecha y pregunta del referéndum», y Neus Munté ha alegado que se marchó «por la vía unilateral» del Govern.
Los tres antiguos consejeros, pertenecientes al PDeCAT, la antigua Convergència, han asegurado al magistrado que no conocen el documento «Enfocats», la hoja de ruta del proceso independentista hallada en el domicilio del ex número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové. Los testigos también se han desmarcado de la agenda manuscrita incautada a Jové y de cualquier comité estratégico del proceso independentista ilegal, según fuentes jurídicas presentes en la sala. No advirtieron órdenes en ese sentido. La Fiscalía considera decisivos estos documentos como prueba del plan ilegal para lograr la secesión.
Munté, Ruiz y Jané fueron sustituidos por independentistas fieles al plan de Puigdemont: Jordi Turull, Clara Ponsatí y Joaquim Forn , respectivamente, todos ellos ahora investigados por el Tribunal Supremo y con un grave horizonte penal. Forn es uno de los cuatro imputados que permanece en prisión preventiva, para evitar que una posible reiteración en los delitos tenga consecuencias irreparables, según Llarena. El magistrado tiene pendiente todavía fijar la fecha de la declaración de seis investigados: la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; su portavoz, Anna Gabriel; el presidente del PDeCat, Artur Mas; su coordinadora general, Marta Pascal; y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.
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