Los exconsejeros del PDeCAT piden anular la fianza de 6 millones
Alegan que no puede haber reiteración si han sido cesados, aunque discrepen
Los exconsejeros encarcelados Josep Rull y Jordi Turull -ambos militantes del PDeCAT, la antigua Convergència- solicitaron ayer al juez Pablo Llarena que anule la fianza de 6,2 millones de euros que les impuso la anterior investigadora, Carmen Lamela. Ambos imputados alegan que no existe ningún indicio que sustente que se destinó dinero público al referéndum independentista ilegal, celebrado el pasado uno de octubre.
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En un escrito presentado en el Tribunal Supremo, Rull y Turull rechazan que exista «base probatoria» que demuestre que los líderes independentistas emplearon dinero público en la votación ilegal, según explicaron a ABC fuentes jurídicas. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela , la primera instructora del caso, entendió lo contrario y fijó esa fianza para garantizar una posible indemnización en un futuro juicio, si son condenados por el delito de malversación. La magistrada argumentó que no podía descartarse que el referéndum fuera sufragado con dinero público destinado oficialmente a otros fines, a pesar de que la intervención General de Cataluña certificó que solo se utilizó una pequeña cantidad de los fondos presupuestos para el referéndum secesionista.
Invocan a Forcadell
Rull y Turull, que comparten abogado defensor, acuden a los argumentos del juez Llarena, quien rechazó imponer dicha fianza a Carme Forcadell y los demás antiguos miembros de la Mesa del Parlament imputados. El magistrado no descarta que los líderes independentistas malgastaran «recursos públicos» para un fin ilegal, pero considera que ahora mismo no hay pruebas sobre ello.
En el mismo escrito, los exconsejeros del PDeCAT solicitan al Supremo su excarcelación y piden comparecer ante el juez, si éste lo considera oportuno. Argumentan que no existe ninguno de los riesgos que busca evitar la prisión preventiva: que se fuguen, destruyan pruebas o reiteren en los delitos que les imputan: rebelión, o sedición, y malversación.
Rull y Turull alegan que es imposible la reiteración delictiva -el riesgo más difícil de desvirtuar, y el principal motivo que les mantiene en la cárcel, junto a la opción de fuga- porque fueron cesados de sus cargos en la Generalitat con la aplicación del artículo 155. Explican que discrepan radicalmente con la intervención de la Generalitat por el Gobierno de Rajoy, que les destituyó, pero argumentan que son candidatos a las elecciones autonómicas del 21-D, dando a entender así que aceptan el nuevo escenario político en Cataluña.
Ambos encarcelados -igual que el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez , defendido por el mismo letrado, Jordi Pina-, invocan el ejemplo de Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa y denuncian un resultado distinto para una «situación análoga». El juez Llarena permitió a Forcadell quedar libre si abonaba una fianza, al interpretar que había renunciado a actuar «fuera del marco constitucional».
El cambio de tribunal ha abierto una puerta a la esperanza de los exconsejeros, después de que la juez Lamela rechazase sus primeros recuros y mantuviese su decisión. En sus escritos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Rull y Turull negaron el riesgo de reiteración, pero expresaron su voluntad de mantener « sus legítimas aspiraciones , en el cauce de la confrontación electoral».
