La etarra imputada por el crimen de Giménez Abad responderá por el asesinato de un guardia civil en 2002
Tras ser procesada, niega haber formado parte de ETA en aquellas fechas
Los papeles intervenidos a Susper, el empuje de la AVT y las fuerzas de Seguridad, claves para reabrir el caso
En la ímproba tarea de esclarecer los crímenes pendientes de la banda terrorista ETA nunca se sabe qué tecla será la adecuada para desencadenar los acontecimientos. Por eso, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional procuran tocarlas todas cada vez que se reabre un caso.
Es lo que ha ocurrido con el asesinato del presidente del PP de Aragón y senador Manuel Giménez Abad, cometido el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza: dos testigos y una prueba caligráfica a partir de la documentación intervenida en 2002 a I bon Fernández de Iradi, alias Susper , han despejado una incógnita que pesaba dos décadas y que ha llevado a prisión provisional a Miren Itxaso Zaldua Iriberri, «Sahatsa» , por su presunta participación en el crimen. Pero no sólo.
Situarla como integrante en aquella época del denominado comando «Basajaún» junto a Mikel Carrera Sarobe, alias «Ata», responsable del asesinato implica atribuirle también el atentado que mató a un agente de la Guardia Civil, el cabo Juan Carlos Beiro, e hirió a otros cuatro con una bomba vinculada a una pancarta el 24 de septiembre de 2002 en Leiza, Navarra.
Se dio cuenta la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidió la reapertura de la causa, pero también lo vieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que trasladaron su informe sobre Zaldua al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional desencadenando un impulso definitivo para este procedimiento que estaba cerca de prescribir.
Así es como 18 años y tres meses después de aquella pancarta, la etarra, que ya cumplió pena en Francia por integración y hasta su detención en julio se encontraba en libertad en España, se ha sentado este lunes ante el juez Ismael Moreno para ser informada por videoconferencia del procesamiento por este crimen y prestar declaración. En la comparecencia ha negado cualquier vinculación con el asunto, alegando que en aquella época, 2002, todavía no era miembro de ETA.
Dos informadores de ETA
Es la misma línea argumental que han seguido otros dos procesados por el asesinato del cabo. Se trata de Jon Lizarribar Lasarte y Rubén Gelbentzu González . El primero, condenado en Francia por pertenencia a ETA, quedó en libertad tras cumplir la pena. El segundo, ha sido detenido varias veces y procesado. También está en libertad provisional.
Ambos formaban parte de «Izarbeltz», una organización de legales que dependía jerárquicamente del comando Basajaún, y que se dedicaba a recopilar información, como identificar objetivos o enclaves para ETA.
El cuarto procesado por este crimen es Carrera Sarobe , pero está cumpliendo condena en Francia y la orden europea de Investigación necesaria para notificarle el procesamiento y recabar declaración indagatoria aún no se ha tramitado.
De acuerdo al auto de procesamiento, al que tuvo acceso ABC, Lizarribar y Gelbentzu integraban de forma «plenamente activa» el comando Izarbeltz en el año 2002 con dependencia del Basajaún, que era coordinador de este y otros grupos y reportaba directamente con los entonces responsables del aparato militar de ETA, Ainhoa Múgica Goñi y Juan Antonio Olarra Guridi. Así se desprende de las anotaciones manuscritas de los papeles intervenidos a 'Susper'.
Uno de esos documentos escrito en prisión por Olarra Gudiri habla de la necesidad de «retomar el contacto» con el comando Basajaún porque tenían «algo muy interesante» entre manos. A finales de agosto de 2002, esa célula coordinadora se encontraba «planificando la realización de un 'atentado especial' al que denominaba en clave como 'cazuela'» y para el que un individuo había aportado información sobre «un entorno más tranquilo, bien comunicado y con muchas posibilidades», conforme detalla el auto.
Un «atentado especial»: «Cazuela»
«Solo se encuentran dos atentados de características similares« y uno cometido »en un entorno más tranquilo, bien comunicado y con muchas posibilidades», expone el el juez Moreno. Se trata de la pancarta señuelo en Bilbao el 20 de noviembre de 2001 atribuida al comando Olaia y el atentado similar que costó la vida al cabo Juan Carlos Beiro en septiembre de 2002: «perpetrado en un paraje junto a una carretera local, a cuatro km de Leitza y con acceso muy próximo a la autopista AP15 ».
En este caso, la bomba consistía en una cantidad entre 10 y 15 kilos de dinamita dentro de una cacerola que a su vez, estaba oculta en una mochila. La dejaron en un talud junto a la carretera y la activaron por radiocontrol, cuando los agentes de la Guardia Civil se acercaban a la pancarta. La explosión provocó un cráter de 70 centímetros de diámetro y 40 centímetros de profundidad . Llegó hasta las ventanas de las viviendas situadas en las inmediaciones.
Había sido otro guardia civil, que pasaba unos días de permiso en Leitza, quien había dado la voz de alarma al toparse con el cartel. Se trataba de una lona de plástico blanco de 4,70 x 2,80 metros de longitud en el kilómetro 11 de la nacional que une la localidad con Berastegui, en Guipúzcua. Dos patrullas se desplazaron al lugar. La primera, la del cabo Beiro, y aparcaron en la zona.
Él estaba en la explanada mientras uno de sus compañeros se dirigía hacia la parte superior del muro del que pendía la lona, precisamente, «con la intención de descartar que se tratara de un artefacto explosivo-trampa». No tuvieron tiempo. La bomba fue detonada de forma «repentina». Beiro Montes falleció, el agente que se había adelantado resultó herido de gravedad y los otros tres, heridos leves. «Guardia Civil muere aquí», decía el letrero, junto a un tricornio en el centro de un punto de mira y un anagrama de ETA.
Beiro era asturiano y a sus 32 años, tenía dos hijos y dos meses de experiencia en Leitza. Cada año desde entones se le rinde homenaje en el pueblo. El pasado acudió la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, a quien su viuda negó el saludo. «No es bienvenida», sentenció María José Rama, en relación al pacto del socialismo navarro con Bildu.
