El etarra 'Gadafi' se niega a declarar por uno de los 380 asesinatos de ETA sin resolver
Juan Carlos Iglesias Chouzas, con una veintena de crímenes a sus espaldas, está acusado de secuestrar a un taxista y matar de cinco tiros por la espalda a un hombre que había sido guardia civil once años antes
Esta martes se ha celebrado en la Audiencia Nacional el juicio contra uno de los etarras más sanguinarios por uno de los casi 380 atentados de ETA que siguen pendientes de ser resueltos por la Justicia. Se trata del asesinato de Francisco Díaz de Cerio, al que ETA mató en 1991 cuando salía de su vivienda en Bilbao para dirigirse a su puesto de trabajo. La víctima había sido guardia civil hasta 1980, cuando renunció voluntariamente para trabajar en Iberduero leyendo contadores de la luz en domicilios particulares y era militante activo de UGT.
Según la Fiscalía, los autores de ese asesinato fueron los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas y el ya fallecido Juan María Ormazábal, alias 'Gadafi' y 'Turko', respectivamente. El Ministerio Público detalla que, para llegar al lugar del atentado, ambos secuestraron un taxi y obligaron al conductor a meterse en el maletero. Acto seguido, descerrajaron cinco tiros por la espalda al ex guardia civil (casado y con dos hijos), destrozándole literalmente el corazón, y huyeron en el vehículo y con el taxista secuestrados, a los que abandonaron en un lugar apartado.
Al principio de la vista oral, Gadafi se ha limitado a decir «no voy a declarar nada , lo único que quiero decir es que soy inocente y no sé por qué estoy en este juicio«. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que sea condenado por este atentado a 40 años de cárcel por los delitos de asesinato, robo con intimidación y detención ilegal, todos ellos de carácter terrorista, y a pagar una responsabilidad civil de 500.000 euros a la viuda del fallecido. Con una veintena de asesinatos a sus espaldas, incluido el de un niño de 2 años, Iglesias Chouzas lideró el aparato logístico de ETA y formó parte del Comando Vizcaya.
Durante la vista han comparecido como testigos varios miembros de ETA , como Jon Mirena San Pedro, Raúl Ángel Fuentes Villota, José Manuel Fernández Pérez y Jesús María Mendinueta. Los dos primeros siguen en prisión y el último era el tercer integrante del Comando Vizcaya junto Gadafi y Turko cuando éstos asesinaron al ex guardia civil, según la Fiscalía y la Ertzaintza.
Todos ellos han seguido la estrategia habitual de negar sus respectivas declaraciones ante las fuerzas del orden y los juzgados cuando fueron detenidos y que permitieron implicar a Gadafi en este asesinato. Uno tras otro se han limitado a decir que apenas recuerdan nada "después de 30 años" y se han aferrado a que confesaron inicialmente bajo supuestas amenazas y torturas policiales. Mendinueta, incluso, ha llegado a jactarse de la sinceridad de los etarras por ser miembros de una "organización revolucionaria, socialista e independentista", como se ha referido a ETA.
Muy distinta es la versión de la Policía autonómica vasca, varios de cuyos ertzainas han comparecido como testigos y peritos para confirmar que los interrogatorios de estos etarras se realizaron "con total normalidad" y con un "trato exquisito" . También han coincidido con la tesis de la Fiscalía de que Gadafi y Turko fueron los que asesinaron a Francisco Díaz de Cerio.
Penas y casos pendientes
La Policía francesa detuvo a Iglesias Chouzas en 2000 y cinco años después el país vecino lo entregó a España, donde también fue condenado a cárcel hasta 2038 . Cumplirá tres cuartas partes de esa pena dentro de nueve años, cuando podrá acceder al tercer grado y a la libertad condicional. A finales de 2020 obtuvo el segundo grado penitenciario y el Ministerio del Interior le acercó al País Vasco desde la cárcel de Villena (Alicante) a la de Dueñas (Palencia).
El de este ex guardia civil no es el único frente que Gadafi tiene pendiente con la Justicia. La misma Audiencia Nacional reabrió la semana pasada la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco para investigar a toda la cúpula de ETA cuando la banda secuestró y asesinó al joven concejal del PP en Ermua (Vizcaya) hace 25 años. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, investiga si el propio Gadafi y otros ocho dirigentes etarras ordenaron, planificaron o permitieron este crimen en 1997.
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