Estrasburgo, nueva parada para desencallar el bloqueo de la investidura en Cataluña.

Por segunda vez en cinco semanas, Roger Torrent aplaza la investidura de un candidato encausado a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Primero fue Puigdemont y ahora Jordi Sànchez, tras denegar este viernes el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, su permiso de libertad. Decisión que recurrirá el candidato encarcelado por vía urgente a primera hora del lunes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Un paso de su defensa por el que decide esperar el presidente del Parlament, previo acuerdo con Junts per Catalunya, y que, eso sí, plantea dudas jurídicas. Según la exvocal del CGPJ y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia de Cataluña, Montserrat Comas, "el tribunal europeo, en medidas cautelares decididas en 48 horas -como plantea la defensa de Sànchez-, sólo se ha hecho en casos en los que peligra la vida o la integridad física de una persona. Sino, entonces, la tramitación es la normal", remarca. Es decir, se debería haber recurrido antes al Supremo y al Constitucional, en España, según Comas. El PSC, por su parte, no ve recorrido en Estrasburgo y pedirá de nuevo al Tribunal Constitucional que active el reloj de la legislatura. Todo mientras falta lo fundamental para la investidura, la aritmética, sin los dos votos necesarios de Puigdemont y Comín, en Bruselas, y con la abstención que mantiene la CUP por no ver "diferencias de fondo" en el nuevo acuerdo presentado por Junts per Catalunya y ERC.