El Estado en la consulta del psiquiatra

Uno tiene la sensación de que con los «indepes» el Estado está obrando con complejo de culpabilidad. Es como si se sentara en el diván y le dijera al psiquiatra: «Mire, ya sé que no son delincuentes políticos, sino políticos delincuentes, pero, en fin no me gustaría que se me acusara de que los trato mal, ya que tuvieron apoyos. Sería horrible que el Tribunal de Estrasburgo les diera la razón y yo quedara como un represor…». Y con este complejo, lo que hace el Estado es tratarlos con guante blanco, procurando que no se enfaden demasiado, pero estableciendo unas diferencias que resultan odiosas con otros casos semejantes.

Así, es frecuente que los acusados en un juicio penal se mantengan esposados, pero los indepes tenían las manos libres en el juicio del Tribunal Supremo. Si el juicio se prolonga mañana y tarde, el acusado recibirá un bocata como almuerzo, pero a los indepes se les facilitó comida de un catering, que incluía primer y segundo plato, así como postre. El juicio ante la Sala Segunda se transmitió por la televisión pública a lo largo de sus muchas sesiones, lo que no suele ocurrir con otras vistas. La administración penitenciaria tiene competencia para decidir qué cárcel va a ocupar cada detenido, preso preventivo o penado, lo que se deduce del artículo 31 del Reglamento Penitenciario, y ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional (sentencias 138/1986, de 7 de noviembre y 104/1988, de 8 junio). Y si no, que se lo pregunten a los presos de ETA que llevan años demandando, sin éxito, el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco. Pero parece que los indepes ya no pueden salir de los establecimientos de su comunidad autónoma, lo que no es cierto. Pero asumir eso implica que la administración penitenciaria de la Generalitat catalana puede decidir, desde ya, el tercer grado de cumplimiento en semilibertad. ¿Por qué catalanes sí y vascos no? ¿Hay delincuentes de primera y de segunda categoría? Y además todos los varones condenados están en Lledoners, a 73 kilómetros de Barcelona y bien juntitos, para que puedan seguir tejiendo y destejiendo la madeja de la independencia a su gusto.

Dice el Supremo que no hubo golpe de Estado, sino una mera sedición, lo que significa un atentado contra el orden público. Algo así como lo que durante varios días está ocurriendo en las capitales catalanas: interrupción de autopistas y de vuelos, barricadas, incendios de coches y contenedores, etc. Pues no, como ciudadano, yo me considero víctima de un golpe de Estado violento, similar al de Tejero y Milans, porque con su declaración unilateral de independencia y la violencia orquestada por ellos me han querido quitar de mi patria mi querida Cataluña. Sin consultarnos a los legisladores, a los demás ciudadanos ni a mí, y rompiendo la Constitución o haciendo algo peor con ella.

Con pastillas o sin ellas, sería conveniente que el Estado se quitara de encima el complejo de culpabilidad, porque en caso contrario los indepes se van a aprovechar de ello. Y si no, al tiempo. La historia lo demuestra.

*Antonio Cuerda Riezu es Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos