El Estado audita las cuentas de los partidos con más de cuatro años de retraso
Aunque debería inspeccionar a todos los partidos legalmente en activo, casi 5.000 en la actualidad, el Tribunal de Cuentas solo alcanza a escrutar la treintena de formaciones con representación institucional: manejan más de 300 millones al año
La acumulación de auditorías pendientes en el Tribunal de Cuentas (TCu) hace que la fiscalización de los partidos políticos arrastre más de cuatro años de retraso. El atasco suma y sigue. La limitación de recursos técnicos y humanos de este organismo, unido a los trámites que impone la propia normativa de funcionamiento y los protocolos de fiscalización, hacen que la inspección de las contabilidades de los partidos políticos salgan con abultada y preocupante demora.
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De esas auditorías depende el control de legalidad de formaciones que, de media, manejan más de 300 millones de euros al año . Y eso contando solo a la treintena de partidos con representación institucional, que es a los que alcanza en la práctica el Tribunal de Cuentas. Hay unos 4.900 partidos más , pero su escasa o nula relevancia pública hace que queden al margen del TCu , que, obligado a dar prioridad a sus limitados recursos, se limita solo a los que reciben subvenciones públicas.
Fuentes de la cúpula del TCu han reconocido que la demora con la que fiscaliza a los partidos con presencia institucional constituye en sí mismo un problema. «Estamos en vías de buscarle solución» , indicaron este lunes. Son conscientes de que es preciso agilizar estas fiscalizaciones, que tienen por objeto velar por el cumplimiento de la legalidad contable y, por tanto, detectar cuanto antes posibles irregularidades.
Las últimas contabilidades de partidos políticos que auditó el TCu son las de 2016. Su informe de inspección vio la luz en julio de 2020. La fiscalización de las cuentas de los partidos del año 2017 aún no se ha llevado a cabo. A estas alturas, sigue en proceso.
Obligación legal
La inspección y análisis de legalidad de las contabilidades de los partidos es una de las obligaciones que tiene encomendada, por ley, al Tribunal de Cuentas.
Las mismas fuentes han indicado que, ante la falta de medios, optan por dar prioridad a la fiscalización de las contabilidades electorales, los fondos manejados por las distintas formaciones políticas que han concurrido a comicios y percibido subvenciones públicas por ello. Es un ámbito que el TCu considera más sensible y urgente, porque esas auditorías no solo son necesarias para velar por el correcto abono de las subvenciones electorales sino también para vigilar que los partidos respetan los límites de gastos y la legalidad contable en las campañas. Es decir, supervisar el juego limpio en la competición electoral.
Por eso, la fiscalización de la actividad económico-electoral de los partidos no acumula tanta demora como las contabilidades generales de estas formaciones. Por ejemplo, en junio de 2020 vio la luz el informe definitivo de fiscalización relativa a las elecciones generales de noviembre de 2019. Sin embargo, a estas alturas aún no ha culminado la auditoría de las contabilidades de los partidos políticos del año 2017 , y ya se acumulan en los cajones del TCu las de 2018, 2019 y 2020. Y pronto recibirán las de 2021. Las auditorías van con retraso, pero los partidos cumplen y aportan sus cuentas en los plazos exigidos, matizan desde el TCu.
Más de 300 millones al año
Revisar la legalidad y corrección contable de los partidos políticos no es cuestión menor. La treintena de formaciones con representación institucional que inspecciona el TCu manejan a nualmente, de media, más de 300 millones de euros .
Según el último informe de fiscalización emitido al respecto por el Tribunal de Cuentas, el relativo a las contabilidades de los partidos del año 2016 , aquel ejercicio las 30 formaciones analizadas manejaron 237 millones de euros en subvenciones públicas para el funcionamiento ordinario, otros 67,6 millones por subvenciones electorales que percibieron aquel año, y 58,5 millones por ingresos privados –aportaciones de cargos públicos, de afiliados, donaciones de personas físicas y jurídicas–. Además, esos 30 partidos suman 52 fundaciones o asociaciones vinculadas que, aquel año, en 2016, manejaron en su conjunto otros 6,7 millones de euros.
