Un estado de alarma de seis meses: Sánchez busca una sola prórroga para evitar negociar en el Congreso
El nuevo estado de alarma impone el toque de queda y habilita a los presidentes autonómicos a confinar perimetralmente su territorio
El espíritu de «cogobernanza», la nueva normalidad y el proceso de desescalada tras los duros días de la primavera han fracasado. Siete meses después del primer estado de alarma, y poco más de tres meses después de haber declarado con solemnidad la victoria sobre el virus, Pedro Sánchez agarró de nuevo el atril de La Moncloa para anunciar que el Consejo de Ministros acababa de aprobar un nuevo Real Decreto de Estado de Alarma para hacer frente a la «gravedad» de la pandemia en España. Este mecanismo se invoca principalmente para dotar a las comunidades autónomas de un instrumento para limitar la movilidad nocturna , a la que se asocian muchos de los brotes de esta segunda ola. Pero también concederá a los presidentes autonómicos el marco jurídico para dictar confinamientos perimetrales de su territorio o de una parte del mismo. Además de limitar los aforos en espacios públicos y privados a seis personas.
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El Gobierno quiere votar ya esta semana en el Congreso la prórroga hasta el 9 de mayo
La decisión del Gobierno se conocía desde el viernes, pero Pedro Sánchez se reservó hasta el final un golpe de efecto de enorme calado político y sanitario. Anunció que su intención es «extender» el estado de alarma durante seis meses, «hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo». El Real Decreto aprobado ayer tiene vigencia hasta el 9 de noviembre. Por 15 días, como establece la Constitución. A partir de ahí, debe ser el Congreso de los Diputados el que vote la extensión del mismo. El Gobierno quiere aprobar mañana martes una petición de prórroga por seis meses en el Consejo de Ministros ordinario para que se vote en una sesión del Congreso esta misma semana.
Cambio de estrategia
La decisión supone un drástico cambio de estrategia respecto a la que aplicó el Gobierno en primavera. Entonces, el Ejecutivo apostó por ir solicitando las prórrogas quincenales. Empezó con el apoyo de la unanimidad del Congreso de los Diputados y terminó salvando las últimas prórrogas casi exclusivamente por la irrupción de Ciudadanos como socio estratégico. El Gobierno no quiere volver a repetir esta situación. De hecho, la falta de acuerdo político en torno a esta herramienta, especialmente con el PP, era el argumento que en diferentes momentos se ha aducido por parte del Gobierno para no intervenir de forma más contundente.
Para lograr ese apoyo en esta ocasión, el presidente cuenta con una baza importante a su favor. La nueva alarma establece que serán los presidentes autonómicos los que gestionen la situación . Esto acerca el apoyo del PNV y de ERC. Con ellos ya sería suficiente. Pero es que además Ciudadanos ha ofrecido sus 10 escaños para votar a favor. Además, esa delegación en los presidentes autonómicos, hace más digerible para el PP su eventual apoyo. Que sería mucho más complejo si Sánchez se reservase el control de la gestión. Pero la prueba para el PP es compleja, ya que los populares llevan meses exigiendo cambios en la legislación sanitaria para no tener que recurrir al estado de alarma.
Al contrario que en marzo, Sánchez habló previamente con Casado para hablar sobre la prórroga
El Gobierno prometió esa reforma legislativa. Luego la enterró. Y ayer el presidente Sánchez insistió en que el estado de alarma es la herramienta «más eficaz» para combatir la pandemia. Y la que aporta más garantías jurídicas a eventuales decisiones de limitación de movimientos.
Sánchez, además modificó su pauta de comportamiento. Habló con varios dirigentes políticos de la oposición antes de hacer este anuncio. Lo hizo en la víspera con el presidente del PP, Pablo Casado. «Me gustaría que pudiéramos contar con su respaldo extraordinario a una medida extraordinaria», dijo ayer el presidente.
Ante el shock inicial que supuso la idea de un estado de alarma hasta el mes de mayo, Sánchez quiso mostrarse flexible respecto a su dirección si la situación mejora. «He mencionado que la duración del estado de Alarma será de seis meses, si así lo aprueba el Congreso esta semana. Quiero que sepan que el plazo no es inamovible. Si podemos superar antes la emergencia plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ése es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos», aclaró.
El Gobierno quiere trasladar la idea de que el estado de alarma es solo el mecanismo jurídico para que las regiones puedan actuar con garantías . Y que en función de la situación epidemiológica cada región podrá ir flexibilizando y endureciendo las medidas. Un estado de alarma más largo pero que no es sinónimo del confinamiento domiciliario estricto que se aplicó en los meses de marzo y abril. El Gobierno quiere evitar llegar a ese escenario a toda costa por el efecto que tiene en la economía.
Restricciones y colapso
El Real Decreto publicado ayer en el BOE establece la restricción de entrada y salida del territorio de cada comunidad . Se trata de un artículo habilitante. Porque en los artículos 9 y 10 especifica que esa limitación, así como los aforos en espacios públicos y privados, será efectiva «cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine». Lo que sí se aplicará sin excepción, salvo en Canarias, es el toque de queda para limitar la movilidad nocturna. La limitación general es desde las once de la noche y las seis de la mañana. Aunque se otorga un margen a las regiones para que puedan adelantarlo o atrasarlo una hora. Las comunidades autónomas estarán habilitadas para restringir o prohibir manifestaciones por cuestiones de seguridad. Así como limitar aforos en los lugares de culto.
El anuncio de ayer constituye por tanto una enmienda a todos estos meses. Un cambio en la estrategia política y la constatación de que la gestión de los meses posteriores a la primera ola ha sido un fracaso. En el preámbulo del Real Decreto se reconoce que el sistema sanitario está «tensionado» y se pretende evitar un «potencial colapso». Según los últimos datos acumulados España tiene una Incidencia Acumulada de 362 casos por 100.000 habitantes . El Gobierno ha establecido que a partir de 250 se considera riesgo extremo . Pedro Sánchez defendió que el objetivo debe ser reducir la incidencia hasta 25 casos por 100.000 habitantes. Un objetivo que no será inmediato, con el objetivo inminente de poder reducir la curva de cara a las Navidades .
