Escrivá justifica el traspaso del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra por «eficiencia»
«Las comunidades autónomas no han demostrado, muchas de ellas, en los años que llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces», ha afirmado el ministro
El Gobierno no estudiará hasta 2021 traspasarlo a otras regiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , ha abierto la puerta a acuerdos con otras comunidades en el futuro similares al alcanzado con Navarra y País Vasco para la gestión de la renta mínima vital , pero ha descartado que pueda producirse ahora por la urgencia de desplegar la prestación en todo el territorio y ha cuestionado la eficacia de algunas comunidades autónomas en poder hacerlo.
«Lo que hemos priorizado, y más aún con la crisis del coronavirus, es ser lo más eficaces posibles en llegar lo más rápido al mayor numero de hogares y, desgraciadamente, las comunidades autónomas no han demostrado, muchas de ellas, en los años que llevan gestionando esta prestación, ser muy eficaces a la hora de llegar a los hogares de este tipo», ha explicado en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press.
El Gobierno central ha llegado a un acuerdo con el PNV para que Navarra y País Vasco gestionen directamente el ingreso mínimo vital que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que han reclamado al menos otras siete comunidades autónomas. En esa publicación se señala que el Gobierno estudiará a partir de 2021 el traspaso a otras comunidades.
El titular de Inclusión ha defendido el acuerdo con el PNV al existir «haciendas forales con sus propios impuestos y definiciones de patrimonio que hace que sea mucho más fácil». Por ello, ha justificado que, «después de meses de estar discutiendo», se haya alcanzado un acuerdo que «todavía hay que firmar».
Escrivá ha precisado, no obstante, que no busca establecer «un debate competencial», pero que Navarra y País Vasco han demostrado estar más desarrolladas por su carácter tributario diferente y tienen rentas mínimas «mucho más sofisticadas» que otros territorios.
Con el resto de comunidades, la norma «abre la posibilidad a un arreglo posterior en el futuro», pero considera que en la actualidad «la potencia de la Seguridad Social será más eficaz» y ha advertido de que «cada comunidad despliega su prestación de forma tan dispar que las desigualdades se amplían» .
Escrivá ha puesto también a Navarra y País Vasco como ejemplo de comunidades en las que, pese a contar una rentas mínimas más desarrolladas, tienen una tasa de empleo de las más altas, frente a Andalucía con un alto índice de desempleo. «Donde están las mejores dotaciones de renta mínima son en países nórdicos y centroeuropeos, lo que no parece que sea un elemento desincentivador (del trabajo)», ha indicado al ser preguntado por el riesgo de que estas prestaciones disuadan a los beneficiarios de realizar una búsqueda activa de empleo.
Ha expresado, en cualquier caso, su total disposición a colaborar con las comunidades autónomas para poner en marcha itinerarios de inclusión, «darles toda la información y decirles quiénes son los beneficiarios de la renta mínima».
3.000 millones
Por otra parte, ha cifrado en 3.000 millones de euros el coste anual del ingreso mínimo vital y ha confirmado que se financiará con cargo a los presupuestos generales. En total, la medida llegará a unos 850.000 hogares españoles y a 2,3 millones de personas. Ha reiterado, asimismo, que las comunidades autónomas podrán complementar el ingreso mínimo vital del Estado.
El ministro ha hecho hincapié en que, para la concesión del ingreso mínimo, además de la renta del solicitante también se tendrá en cuenta su patrimonio, que no podrá ser tres veces mayor a la renta anual que recibe. Tal como había anunciado el Gobierno, Escrivá ha subrayado que el beneficiario seguirá manteniendo la prestación pese a encontrar trabajo. «No hay un plazo límite y es un derecho subjetivo. Se decidirá en función de la declaración de la renta», ha concluido el ministro.
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