El enviado del Consejo de Europa rebajó el «procés» a «manifestación pacífica»
De los veinticuatro firmantes del informe preliminar, dieciséis pertenecen a partidos socialistas
El viaje del diputado letón Boris Cilevics a España sigue causando revuelo. Su misión, como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa , consistía en recabar información sobre la situación de los políticos en prisión condenados por sedición y malversación en el proceso separatista.
Su actitud generó dudas entre algunos parlamentarios con los que se reunió, que comprobaron de primera mano cómo acudía con tesis preconcebidas que siempre casaban con las tesis del marco independentista. En el Parlamento catalán , por otra parte, rechazó reunirse a solas con Ciudadanos (Cs), a pesar de ser el grupo parlamentario mayoritario en Cataluña .
Su viaje, sin embargo, sí incluyó entrevistas exclusivas con líderes independentistas. La Mesa del Congreso aceptó la semana pasada asumir los gastos derivados de su ruta, que le llevó de Madrid -donde se vio con diputados y senadores- a Barcelona. Allí visitó a los presos Oriol Junqueras y Raül Romeva ; al «síndic» de Greuges, Rafael Ribó ; el Parlamento catalán; al consejero autonómico de Acción Exterior, Alfred Bosch ; y a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera .
Su visita a España, aprobada por el Consejo de Europa para recabar información, se justifica en un informe preliminar al que ha tenido acceso ABC, y en el que se adoptan inequívocamente los postulados soberanistas. Lo firman veinticuatro diputados europeos, dieciséis de ellos socialistas.
Para empezar, Cilevics compara España con Turquía ; un país que ni siquiera es miembro de la Unión Europea pese a sus reiterados intentos de formar parte de ella. En la introducción, el diputado letón recuerda que la Comisión de Venecia protege la «libertad de expresión de los parlamentarios», derecho que debe salvaguardarse «incluso cuando hablan fuera del Parlamento». Y a eso, básicamente, lo reduce todo.
Derecho o crimen
Cilevics sí recoge en su informe preliminar que en España no está perseguido el hecho de ser independentista o de portar «esteladas», pero a la vez concluye que el «crimen» de los líderes separatistas ha sido, precisamente, ejercer esa «libertad de expresión» y encabezar «demostraciones pacíficas». «¿Puede el ejercicio de un derecho constitucional ser constitutivo de un crimen?», se pregunta en su conclusión, después de cuestionar «por qué hechos han sido procesados exactamente los exmiembros del Gobierno catalán».
En las trece páginas del documento, en las que aborda la situación en España y en Turquía por igual, se dedica a desmontar la acusación de rebelión a los líderes soberanistas, a pesar de que han sido condenados por sedición y malversación y absueltos de la rebelión. El letón usa a los «observadores internacionales» designados por la Generalitat como argumento de autoridad para asegurar que la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el referéndum ilegal del 1 de octubre se limitó a «acciones de autoprotección».
Las leyes de transitoriedad de los días 6 y 7 de septiembre del 2017, aprobadas en el Parlament vulnerando el Estatuto catalán, la Constitución e ignorando a los letrados de la cámara, fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional . Y pese a ello, la Generalitat mantuvo el referéndum. Según Cilevics, hubo «enormes manifestaciones pacíficas» con «incidentes minoritarios». Se ampara en la despenalización de los referendos ilegales para hablar de «manifestaciones». Aunque recuerda la declaración de independencia «suspendida» del 10-O y la aplicación del 155 del 27-O, obvia deliberadamente que ese mismo día el Parlamento catalán votó y declaró ilegalmente la independencia.
