Una de las empresas que gestionó material del 1-O descarga en Òmnium el encargo de la cartelería
Una directiva de Artyplan cifra en 17.000 euros el precio de los 400.000 dípticos y 30.000 carteles incautados
La responsable de Recursos Humanos de Artyplan, una de las empresas que imprimió los dípticos y la cartelería del 1-O, ha asegurado este martes que Òmnium Cultural fue la entidad que le hizo este encargo . En su declaración ante el tribunal, Rosa María Sans ha señalado que el día 19 de septiembre (con los registros de la Guardia Civil ya en marcha) envió un correo a todos los empleados de la empresa en la que les instaba a que no realizaran ya ningún trabajo relacionado con el referéndum ilegal. No obstante, la fiscal Consuelo Madrigal le ha recordado que cuando dio esa orden toda la cartelería ya estaba impresa.
El registro de la policía judicial, que se produjo en Sant Feliu de Llobregat , se saldó con la intervención de 400.000 dípticos y 30.000 carteles, un trabajo que Sans ha cifrado en más de 17.000 euros , sobre los que no se emitió factura y de los que tampoco figura albarán de entrega. A eso se suma que ni siquiera este material se encontraba en Artyplan, sino en Disnet, un almacén —ha explicado la directiva— donde se deposita el producto cuando es muy voluminoso.
Parca en palabras, como los responsables de la empresa de mensajería Unipost, ha apuntado que desconoce qué responsable de Òmnium (entidad presidida por Jordi Cuixart) llevó a cabo este encargo porque ella no se ocupaba del departamento de producción, cuyo responsable es Blas Cortés. Descargar en Òmium Cultural esta responsabilidad no es una cuestión menor, porque son los miembos de la Generalitat , y no los «Jordis», los que están acusados de malversación .
Los interrogatorios de las dos últimas sesiones del juicio están dirigidas a esclarecer las cantidades presuntamente malversadas por los miembros del Govern. Las incautaciones de material por orden del Juzgado de Instrucción número 13 frustraron en muchos casos su divulgación, pero la Fiscalía mantiene que el gasto ya estaba comprometido por parte de la Generalitat.
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