La empresa pública de armas Defex será juzgada por corrupción por contratos en Angola
El magistrado reprocha a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que no acusen a la sociedad pública por delito fiscal
La empresa pública de armas Defex será juzgada por supuesta corrupción en sus negocios con el Gobierno de Angola . El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral este lunes contra la sociedad pública, otras dos empresas y veinticuatro personas físicas, incluidos los antiguos dirigentes de Defex.
Según el juez investigador, existen indicios sólidos que destaparían las prácticas de la empresa pública en la negociación de los contratos para suministrar material policial al país africano, consistentes en «conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños».
Se abonaban comisiones extraordinarias a agentes, y los directivos españoles «aprovechaban para apropiarse de cantidades multimillonarias de los contratos de la UTE para beneficio particular», sostiene el magistrado, en un auto que da el último paso para sentar a los implicados en el banquillo de los acusados.
Entre los delitos por los que se abre juicio están los de corrupción en las transacciones comerciales internacionales , contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita, u organización y grupo criminal. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargará de enjuiciar en el futuro a los acusados.
En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción pide condenas de entre dos y 50 años de prisión para los acusados por la operación investigada, que superó los 152 millones de euros. El expresidente de Defex José Ignacio Encinas y su ex director comercial Manuel Iglesias-Sarriá se enfrentan a las pena más altsa, 50 años y siete meses de cárcel. El magistrado ha fijado fianzas que superan los 400 millones de euros entra la multa y la posible responsabilidad civil.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado reprocha a la Fiscalía y la Abogacía del Estado que finalmente no hayan formulado acusación por delito fiscal, a pesar de admitir dos defraudaciones. De la Mata lamenta que por una argumentación técnica, y a pesar de la «rotunda evidencia», esta práctica se quede sin perseguir. Para el juez, esto conduce a «un paraíso penal, una situación de absoluta impunidad: barra libre para las prácticas defraudatorias fiscales de las administraciones de la sociedad mercantil». La Abogacía del Estado, que según el magistrado dedica buena parte de su escrito de acusación a defender a Defex, alegó que el sujeto pasivo del impuesto no es Defex, sino la entidad que lo participa, el Sepi.
Otras piezas judiciales que indagan en el pasado de la empresa pública investigan también contratos sospechosos de suministro de material militar y policial en Arabia Saudí, Egipto, Brasil y Camerún . Defex, participada en un 51 por ciento por el Estado a través del SEPI, se encuentra ahora en las últimas, en fase de liquidación.
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