La doble cara de Luisa Ortega, la ex fiscal chavista que se volvió contra Maduro y pide asilo en España
Fiel al régimen hasta 2017, se opuso a su deriva autoritaria, fue destituida de forma fulminante y ha permanecido hasta ahora refugiada en Colombia
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal general de Venezuela que ha presentado su solicitud de asilo en España , era chavista antes incluso de que Hugo Chávez accediera al poder en 1999 . El año anterior, cuando era abogada en un despacho del estado de Aragua, ya se había sumado a la campaña del carismático teniente coronel por la presidencia venezolana. En repetidas ocasiones ha asegurado posteriormente que su adhesión al militar que cambiaría el rumbo del país caribeño se debía al carácter «humanista» de su proyecto.
Ortega (Valle de la Pascua, Venezuela, 1958) entró a formar parte del aparato chavista en 2002, al incorporarse al Ministerio Público como fiscal en el área de Caracas, desde donde escaló hasta convertirse en fiscal general en 2007 con el aval del propio Chávez. Ocupaba ese puesto cuando asistió a los funerales del presidente venezolano en 2013 y se mantuvo en él mientras tenían lugar las multitudinarias manifestaciones contra Nicolás Maduro de 2014, en las que murieron más de 40 personas. También era fiscal general cuando se condenó al líder opositor Leopoldo López a más de catorce años de prisión por alentar aquellas protestas, aunque ella siempre ha sostenido que no tuvo nada que ver en la acusación porque no estuvo presente en el juicio.
Pero en 2017 todo cambió. La deriva dictatorial del sucesor de Chávez desencadenó una ola de manifestaciones que fue contestada por el régimen por una implacable represión y que se saldó con más de un centenar de muertos.
Ortega Díaz adoptó una actitud crítica con el gobierno de Maduro y denunció la «ruptura del orden constitucional» después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se apropiara a finales de marzo de las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. La fiscal continuó en los meses siguientes en esa postura, alertando de violaciones de derechos humanos y rechazando la creación de una Asamblea Nacional Constituyente al margen del parlamento legítimo.
Perseguida por el régimen
El régimen tomó medidas. Congeló sus cuentas bancarias y prohibió que saliera del país, bajo la acusación de cometer supuestas faltas graves en el ejercicio de su cargo. Además, el TSJ socavó sus facultades al permitir que la Defensora del Pueblo llevara a cabo investigaciones penales y anulando la designación de una vicefiscal que reemplazase a Ortega si se producía su destitución.
Efectivamente, el régimen la despojó del cargo, a través precisamente de una decisión de la nueva Constituyente, el 5 de agosto de 2017. El día anterior Maduro la había acusado de complicidad con una «insurgencia armada».
Dos semanas después de ser destituida como fiscal general, Luisa Ortega huyó a Aruba en una lancha . De la pequeña isla caribeña voló -junto con su esposo, el diputado Germán Ferrer; la exdirectora de su despacho, Gioconda González, y el fiscal anticorrupción, Arturo Vilar Esteves- hasta Colombia, donde la exfiscal general obtuvo protección internacional.
Reconvertida por entonces en una de las principales voces de la oposición a Nicolás Maduro, Luisa Ortega continuó desde Colombia su labor contra el régimen. Promovió, en este sentido, un juicio contra el presidente venezolano por corrupción, en relación al escándalo Odebrecht, que acabó en 2018 con una condena por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio , que trataba de mantener desde el extranjero el hilo constitucional y se reivindicaba como el máximo órgano judicial legítimo de Venezuela. Al mismo tiempo, aportó ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, pruebas de delitos de lesa humanidad contra el régimen.
Ahora ha decidido pedir asilo en España, alegando que en Colombia no cuenta con las garantías de seguridad precisas por su cercanía a Venezuela y que con el cambio de país tendría más cerca La Haya para continuar con el proceso en marcha. Con su solicitud, formalizada el pasado 13 de octubre, espera seguir los pasos de líderes opositores que se encuentran acogidos en suelo español, como el propio Leopoldo López o el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.
Sin embargo, Luisa Ortega sigue arrastrando los años en que se consagró al chavismo. Ella misma está denunciada ante el Tribunal Penal Internacional por la abogada venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla, que la acusa de instigar y permitir las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la década en que ejerció como fiscal general. La Fiscalía del TPI, que en 2018 abrió un «examen preliminar» sobre los abusos cometidos en Venezuela, tiene pendiente ahora determinar si pone en marcha una investigación formal.
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