El diputado Casero admite ante el juez «irregularidades administrativas» en su época de alcalde
El parlamentario y exregidor de Trujillo niega el delito de prevaricación ante el juez del Tribunal Supremo
En medio de la euforia del PP por su apoteósica victoria en Andalucía, el diputado Alberto Casero ha tenido que ir a declarar este lunes al Tribunal Supremo para explicar determinados acuerdos y contratos de servicios realizados como alcalde de Trujillo (Cáceres) , cargo que ocupó de 2011 a 2019, sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El pasado 31 de marzo el Alto Tribunal abrió causa penal al parlamentario popular tras admitir la exposición razonada elevada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad, que vio indicios de prevaricación en la actuación del exregidor.
Fuentes jurídicas señalaron que el diputado, quien hace unos meses posibilitó la aprobación de la reforma laboral del Gobierno por un error al votar de forma telemática, ha admitido ante el instructor, el magistrado Andrés Palomo, que en su actuación pudo haber irregularidades administrativas pero en ningún caso el delito de prevaricación que se le imputa. Casero ha declarado voluntariamente ante el juez cerca de una hora y media durante la cual le ha aclarado los extremos por los que ha sido preguntado. Al término de su comparecencia el parlamentario ha sostenido que ha acudido al Supremo porque no tiene «nada que ocultar» y que ahora, tras las explicaciones que ha dado a juez y fiscal, espera a la justicia «con toda la confianza del mundo».
Según la exposición razonada, Casero llevó a cabo diversos actos de contratación sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello y comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios
Así, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación , sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. En septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento, señala la exposición, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
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