Un dilema en tiempos convulsos
La decisión del Don Rey Juan Carlos de abandonar el país ha aflorado el debate sobre el sentido de abordar reformas para responder a las críticas que sufre la Institución
Lo escribió Maquiavelo hace más de cuatro siglos: «El príncipe ha de someterse a la imperiosa necesidad de los tiempos». Era un consejo a Lorenzo de Medicis que había recuperado el gobierno de Florencia tras la expulsión de los franceses. Pero esas palabras han conservado su validez hasta hoy, en unos momentos en los que la decisión den Don Juan Carlos de abandonar el país ha puesto sobre la mesa el debate sobre las reformas que necesita la Monarquía para sobrevivir en estos tiempos convulsos.
La opinión pública está dividida. Hay quien sostiene que la Institución debe abordar cambios legales , incluyendo la revisión de la Constitución, para superar esta crisis, pero también los hay que piensan que esas reformas podrían poner en peligro no sólo la Monarquía sino además el modelo democrático que propició la Transición. «En tiempos de tribulación, no hay que hacer mudanzas», ya aconsejaba San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas.
Esto es lo que piensa Pablo Casado, líder del PP, que sostiene que «el debate sobre la Monarquía es suicida para la concordia nacional». Casado pone el énfasis en el legado del anterior Monarca: «Sin él no podría haberse consolidado este Estado democrático y de derecho», según declaró a ABC la semana pasada.
Aunque hay quien duda de su sinceridad, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha expresado en su entorno privado en contra de abordar ahora reformas como suprimir la inviolabilidad o despenalizar las injurias a la Corona por entender que no existe un clima de consenso. Sánchez está en contra de posibles iniciativas de Podemos, su socio de coalición, que supongan minar las bases de la institución.
En este sentido, Santiago Muñoz Machado, jurista y director de la Academia de la Lengua, cree que «Felipe VI tiene que seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta hoy». «Debe atajar cualquier atisbo de corrupción en su entorno y representar los valores de la honestidad, ejemplaridad y neutralidad». A su juicio, la monarquía seguirá siendo útil para España si el Monarca cumple su papel constitucional en el que se establece una estricta separación de poderes y se asumen los principios del republicanismo cívico.
A nadie se le escapa que la crisis abierta en la Institución llega en el peor momento, en un contexto de una sociedad gravemente afectada por la pandemia, con la amenaza de un independentismo que cuestiona la soberanía nacional y en el preludio de una recesión económica que puede generar millones de parados. Si Don Juan Carlos tuvo que legitimarse gracias a su papel en el advenimiento de un régimen democrático, su sucesor lo puede tener más difícil en esta España en la que han resurgido el cainismo y el sectarismo en la vida política.
La filtración de la investigación que lleva a cabo la Justicia suiza no se ha traducido en una imputación del anterior Monarca, que sigue disponiendo de la presunción de inocencia, pero los documentos indican mas allá de una duda razonable que recibió una suma de 100 millones de dólares del Reino de Arabia Saudí en cuentas suizas, cantidad que no fue declarada a Hacienda.
Elisa de la Nuez, abogada de Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho, afirma que los errores cometidos por Don Juan Carlos obligan a la Institución a reinventarse : «No es posible salvar la Monarquía del acoso populista e independentista sin profundas reformas. El problema generado por la falta de excelencia del anterior jefe de Estado tiene, en primer lugar, que solventarse evitando el espectáculo de un exilio dorado con amigos dudosos». A su juicio, un paso necesario sería privar al anterior Monarca del título de Rey. «También es esencial abordar reformas concretas que eviten que algo parecido se pueda repetir en el futuro. Don Felipe tiene que actuar para que se perciba que está profundamente comprometido con una ejemplaridad que es fundamental para la pervivencia de la Corona», sostiene.
Título II de la Constitución
El problema es que el estatuto del Monarca está regulado en el título II de la Constitución, cuya modificación requiere un procedimiento que implica la aprobación de las reformas por mayoría cualificada, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones y una posterior consulta popular. Unos pasos que requerirían un acuerdo entre el PSOE, el PP y otras fuerzas políticas en un Parlamento muy atomizado, donde Podemos y los partidos independentistas disponen de más de 60 escaños.
Uno de los puntos clave de la reforma es la inviolabilidad, consagrada en el artículo 56 de la Carta Magna, que determina que la figura del Monarca no está sometida a responsabilidad penal. Dirigentes de los partidos y juristas han cuestionado este privilegio.
«En 1977 me opuse a la inviolabilidad en una comisión del Congreso y se rieron de mí. La inviolabilidad existe para los diplomáticos y los jefes de Estado en ejercicio. Pero cuando dejan de serlo, son responsables de los delitos cometidos. Protege cuando se ejerce el poder, pero se pierde al abandonarlo», defiende Enrique Gimbernat, ex catedrático de Derecho Penal de la Complutense.
La Constitución no desarrolla, sin embargo, las obligaciones públicas y privadas del Monarca , un vacío legal que ha favorecido las conductas poco ejemplares del anterior jefe de Estado. «Habría que desarrollar el título II, regulando con claridad las funciones arbitrales y representativas del Rey. Pero también hay que legislar sobre la transparencia, las retribuciones de la Familia Real, los honores, la posibilidad de aceptar regalos y la utilización de los bienes del Patrimonio Nacional», subraya Elisa de la Nuez.
Si los partidos decidieran abordar la compleja reforma constitucional, hay consenso en que se debería eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona. Fue una propuesta del Consejo de Estado en la época de Zapatero que no prosperó, pero en la que había un importante acuerdo. Igualmente, sería conveniente regular mediante ley orgánica las abdicaciones, según propuso recientemente el catedrático Antonio Torres del Moral.
Andrea Levy, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP y concejala del Ayuntamiento de Madrid, sostiene que «Felipe VI tiene la gran labor de explicitar cuál es la función constitucional que le otorga la democracia parlamentaria, dada su enorme utilidad para la convivencia de los españoles. Es este sentido, su imagen debería estar más vinculada a actos sociales y culturales y no tanto siempre a su carácter institucional».
«El Rey es el representante que aúna a todos los españoles de forma neutral y apolítica. En esta labor, el Gobierno debería potenciar su papel en los momentos de dificultad que atraviese la Nación», afirma Andrea Levy.
Otra de las exigencias a las que se enfrenta la Institución es la necesidad de una transparencia de las cuentas y el patrimonio del Monarca, una asignatura pendiente que están aprovechando quienes quieren implantar un régimen republicano en España . La simple sospecha de que el anterior Rey podría tener una fortuna fuera del alcance de Hacienda es devastadora.
Regular competencias
Las leyes obligan al presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y otros altos cargos a declarar su patrimonio. Pero ello no rige para el jefe del Estado. En este sentido, Andrea Levy propugna una ley de la Corona, que «desarrolle cuestiones como las competencias, la transparencia y la agenda pública del Monarca, más allá de su labor de diplomacia».
Todos los dirigentes y expertos coinciden, sin distinción de ideologías, en que la ejemplaridad será esencial para consolidar la Monarquía. Elisa de la Nuez manifiesta que «debemos aspirar a tener una jefatura de Estado modélica, ejemplo de neutralidad y profesionalidad». Levy cree que la Familia Real debería «estar presente en la calle, dando una imagen de cercanía más allá del propio sujeto que encarna la Institución».
Pero la Monarquía no siempre ha estado a la altura de su responsabilidad institucional y de esa cercanía al pueblo, como demuestra el siniestro reinado de Fernando VII, que se inclinó por una deriva autoritaria y ultraconservadora, el triste exilio de Isabel II y el final de Alfonso XIII, que cometió el error de apoyar una dictadura sin legitimidad democrática. Como si fuera una maldición familiar, Don Juan Carlos ha tenido que abandonar España pese a que una amplia mayoría de la sociedad española reconoce su contribución a la democracia instaurada por la Constitución de 1978, que refrendó la Monarquía como forma de Estado con un gran respaldo en las urnas.
Las relaciones extramatrimoniales de Don Juan Carlos y sus oscuros negocios han dañado la imagen de la Monarquía, por lo que Levy considera que, aunque el Monarca sea «falible», la Institución está por encima de las personas: «Si el Rey comete errores irreparables, tiene el deber de abandonar el cargo sin perjuicio de sus responsabilidades personales. Pero ello no cuestiona el sistema que nos hemos dado los españoles de forma democrática».
No falta quienes sostienen que el anterior jefe del Estado se tendría que haber quedado en territorio nacional para afrontar esas responsabilidades, aunque Don Juan Carlos ha dejado claro que colaborará con la Justicia. «Podría ser interesante algún gesto de reparación económica, más allá de lo legalmente exigible. Pero eso habría que pensarlo», opina Elisa de la Nuez.
Para Andrea Levy, lo esencial es que la institución «debe ser una figura que proporciona certidumbre y que refleje los sentimientos de la sociedad española. Sus intervenciones deben mostrar que siente y padece por el corazón de España». También se muestra partidaria de una simplificación del protocolo y de prescindir de «elementos innecesarios de boato».
Muñoz Machado sostiene que las actuaciones del Monarca tienen que encarnar los principios de la Carta de los Derechos Humanos en el marco de una estricta neutralidad política, por encima de camarillas e intereses particulares. «La Institución debe estar al servicio de todos», asegura.
«Los males que sobrevengan al Príncipe deben ser atajados cuanto antes», recomendaba Maquiavelo en su destierro de San Casiano , subrayando que la «auctoritas» de un gobernante descansa en el amor de sus súbditos. El politólogo florentino no desdeñaba el uso de la fuerza, pero estaba convencido de que un régimen sólo puede asentarse de forma estable si cuenta con el apoyo de los gobernados.
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