Dignidad y Justicia recurrirá el troceo de la causa contra ETA por delitos de lesa humanidad

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia tiene pensado recurrir la decisión de la juez Carmen Lamela de trocear la causa abierta contra cinco jefes de ETA por delitos de lesa humanidad, según informaron a ABC fuentes jurídicas. El antecesor de Lamela, el juez Juan Pablo González, procesó a cinco dirigentes —Josu «Ternera» Urruticoechea, Mikel Sarobe «Ata», Garikoitz Aspiazu «Txeroki», Ángel Iriondo «Barabas» y Aitor Elizarán — por buscar eliminar físicamente a quienes se oponían a su proyecto.

La juez repartió ayer el proceso entre los cinco juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional en los que se han investigado los atentados que podrían supone r lesa humanidad , cometidos desde octubre de 2004, cuando el crimen se introdujo en la ley española. La Audiencia Nacional rechazó investigar los atentados de ETA cometidos con anterioridad porque el delito no existía en España.

Lamela argumentó que no existe «conexidad» entre los atentados investigados que podrían suponer lesa humanidad y que la reforma de la ley procesal penal —aprobada recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy, que le ha enfrentado con jueces y fiscales— desaconseja las causas únicas. La juez considera que mantenerlas unidas provocaría «un retraso injustificado», como alegó la Fiscalía, que solicitó el troceo de la causa.

La nueva norma, citada por el Ministerio Fiscal y la juez , busca que los procesos se resuelvan con más rapidez. El texto asegura que «se pretende evitar el automatismo de la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos», tan frecuentes por los casos de corrupción.

Las causas han recaído en los juzgados de los que son titulares Santiago Pedraz, Fernando Andreu, José de la Mata, Eloy Velasco y la propia Carmen Lamela; quienes ahora podrían tener criterios diferentes a la hora de continuar los procedimientos. Algunos de los atentados investigados son el asesinato del concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco en 2008, el del inspector de policía Eduardo Puelles o el de los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá, en Calvià (Mallorca), en 2009.