Una denunciante de Acuamed investigada por prevaricación

Giro procesal en el caso Acuamed . El juez Manuel García Castellón llama a declarar el próximo lunes 20 de mayo como investigada a una de las primeras denunciantes del caso, Gracia Ballesteros , ingeniera y gerente territorial de la empresa pública en Cataluña, por un delito de prevaricación al manipular «los criterios de valoración en el proceso de adjudicación para favorecer a una empresa concreta» en el Plan de Emergencia de la balsa de regulación del río Belcaire (Castellón). Esta sería una de las primeras denuncias interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, en julio de 2017, que podría dar la vuelta al caso Acuamed , que no sólo afecta a la contratación de obras hidráulicas de la empresa pública durante el Gobierno del Partido Popular, sino también a su etapa socialista.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional la fiscal Inmaculada Violán denuncia «la analogía existente entre las irregularidades objeto de la investigación» en el caso de corrupción de Acuamed, que lleva en instrucción desde enero de 2016, y la denuncia interpuesta por Myrian Requena «describiendo la existencia de irregularidades en el proceso de contratación de una obra por parte de altos cargos».

El 23 de septiembre de 2013 el Consejo de Administración de Acuamed adjudicó el contrato a la UTE formada por Contratas Vilor y López Instalaciones Eléctricas a pesar de que superó escasamente la puntuación mínima que exige la valoración técnica de una obra y obtuvo la máxima presentando una baja desproporcionada del precio de licitación en un 25,70%. «La oferta económica incurría en presunta temeridad por su bajo importe –366.450 euros– lo que motivó que la Mesa de Contratación diera audiencia al licitador para que justificase las condiciones de la misma». Dicho escrito fue aprobado por la gerente de zona, Gracia Ballesteros, que aceptó y firmó exclusivamente «la justificación de temeridad presentada».

Ballesteros fue readmitida en Acuamed en abril de 2017 después de haber sido despedida, según su declaración, «por negarse a participar en las prácticas corruptas» que investiga la Audiencia Nacional. Queda por ver si el juez García Castellón actúa con Ballesteros igual que lo hizo el juez Eloy Velasco con otros investigados a los que pidió que abandonaran la empresa porque podían acceder a la documentación del caso. Curiosamente, Ballesteros pertenece desde marzo de 2018 a la Comisión de Transparencia y prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos Públicos.