Los delitos de odio, convertidos en «munición política»

Los expertos coinciden en que las respuestas en cada caso obedecen a una realidad evidente, pero que estas van de la mano de cierto oportunismo y de la necesidad de encontrar argumentos contra el adversario: «Son munición».

Las referencias a los delitos de odio han sido una constante en el inicio del curso parlamentario. Apenas se supo el caso de Malasaña, el Ejecutivo se apresuró a convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio . La condena fue unánime cuando nadie sabía lo que había ocurrido, pero lo cierto es que la reacción ante la agresión no fue igual en todos los frentes. Ni tampoco del Gobierno en otros casos en los que se presume la misma conducta.

El homenaje al mayor asesino de la historia de ETA (39 muertes), celebrado ayer -finalmente en varios puntos del País Vasco y no solo en Mondragón-, evidencia parte de esta consideración. Si bien lleva convocado más de un mes y medio, ninguno de los líderes de la coalición PSOE-Podemos condenó , denunció o convocó comisión alguna durante ese tiempo.

El acto tuvo lugar porque, según concluyó la Audiencia Nacional, a la jurisdicción penal únicamente le compete la persecución y castigo de ilícitos penales que se hayan producido, pero no puede actuar de forma preventiva. No obstante, el propio Ejecutivo incluyó en la ley de Memoria Democrática un precepto para vetar los actos de enaltecimiento a dirigentes del franquismo, pero no ha cumplido aún su promesa de modificar la ley de víctimas del terrorismo para castigar los denominados 'ongi etorri'.

Ante este escenario, los expertos evitan hablar de instrumentalización de los delitos de odio, especialmente porque su existencia es una realidad, pero coinciden en que sí hay cierto oportunismo cuando irrumpe un hecho de esta naturaleza. Sobre todo, porque se toma como «munición» frente al adversario. Así lo explica Paloma Román , doctora y profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, que cree que los partidos «aprovechan el eco mediático para buscar parcelas de opinión pública próximas a su ideología». «Los partidos están a obtener rendimientos, sobre todo electorales, y es verdad que cada uno lo utiliza desde su ángulo. Lo entienden como hechos imputables a otras fuerzas», añade Román a este diario.

Pablo Simón , politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, señala la reacción de los partidos como una consecuencia de la «viralización» de estos episodios, propia de una sociedad tan hiperconectada como la actual, y de su pretensión de subirse a la ola de un tema con gran repercusión en la sociedad. « Sobrerreaccionan y aprovechan para avanzar en determinadas políticas e introducir en sus programas temas que en un momento crean una alarma social, aunque sea mínima», explica, con las campañas por la prisión permanente revisable -defendida sobre todo por PP y Vox- o por las minorías sexuales -defendidas por la izquierda- como ejemplos en cada frente.

Preguntado por ese aparente doble rasero según la formación, el delito y la víctima, Simón rechaza esta hipótesis y lo relaciona con las sensibilidades en cada caso, aunque reconoce que «unos son más combativos que otros» según el tema. Comparte la visión de que, en ocasiones, el odio es un objeto para lanzar: «Algunos le afean al PP sus alianzas con Vox, pero la realidad es que ellos compran la agenda en muchos asuntos. Es más una forma de confrontar con Vox».

El constante intercambio de críticas y reproches entre Vox y el Gobierno de Sánchez también da cuenta de lo que exponen las figuras consultadas, al menos en el hecho de que cada partido adapta los acontecimientos a lo que más le conviene.

Javier Ortega Smith (Vox) acomodó lo sucedido en Malasaña al ideario de su partido y responsabilizó a los inmigrantes ilegales. «Condenamos todo tipo de violencia. Lo que pedimos es que en la información se diga claramente: la violencia tiene una causa directa con la entrada masiva de inmigración ilegal», dijo el diputado de la formación en TVE. Lo hizo al tiempo que los partidos de izquierda, con el ministro Fernando Grande-Marlaska a la cabeza, relacionaban el ataque con el discurso de los de Santiago Abascal en materia LGTBI.

Sea como fuere, la realidad es que la dimensión de este caso no se ha visto en otros delitos de odio o relacionados con estos. El homenaje a Parot es una muestra, pero hay más. Esta misma semana, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a un hombre por pegar un puñetazo en la nariz a una mujer que arrancaba lazos amarillos en la capital catalana, con la agravante de discriminación ideológica y de origen nacional. La repercusión y la respuesta de las administraciones ha sido menor, al nivel del ataque a sedes de partidos políticos o del caso del joven del PP agredido en Vitoria hace apenas unas semanas, que también se investigará como delito de odio.

Los posicionamientos también fueron dispares durante la campaña del 4-M en Madrid, cuando la violencia fue muy evidente. Dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias o Pablo Echenique acusaron a Abascal de «ir a provocar» a Vallecas cuando fue apedreado en un mitin en este barrio. Algo similar a lo ocurrido durante la manifestación del Orgullo en la que Ciudadanos fue hostigado, en 2019.

Los dos últimos episodios fueron recordados esta semana en la Asamblea de Madrid por el diputado del PP Jaime de los Santos, con un discurso compartido por la oposición a nivel nacional y que encaja en parte en la valoración de que el sesgo ideológico y partidista condiciona cualquier condena o investigación.

«¿Mesas de odio solamente para cuando nos interesa porque vamos a la búsqueda del tuit rápido, del titular grandilocuente, o hablamos de otros delito de odio?», preguntó de forma retórica, con alusiones a las menores tuteladas en Baleares, los escraches o el acoso al PP en el País Vasco. «¿Por qué no trabajamos juntos para erradicar realmente el odio?», espetó desde su tribuna.