Delgado pone como jefe de su órgano asesor a un fiscal que participó en un acto político del PSOE gallego

«¿Puede un fiscal en activo (concretamente el de Medio Ambiente) participar en actos políticos organizados por el partido del Gobierno?» , denunciaba el PP de Galicia el pasado diciembre en la red social Twitter. Álvaro García Ortiz, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que también ha pertenecido la nueva fiscal general, acababa de participar en una de las mesas del «Laboratorio de ideas» de los socialistas gallegos. A juicio del PP, con esta intervención García Ortiz ponía en duda la neutralidad de su «cargo y la independencia judicial» , pues el propio Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal establece en su artículo 17.3º que estos funcionarios «no podrán mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político» . De igual forma, el artículo 59 de la Ley 50/1981 que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que «no podrán concurrir con carácter o atributos oficiales a cualesquiera actos o reuniones públicas en que ello no proceda en el ejercicio de sus funciones». Aun aí, la UPF amparó a su expresidente en un comunicado.

Como informó ayer ABC, el primer nombramiento de Dolores Delgado horas después de tomar posesión como fiscal general del Estado ha sido el de Álvaro García Ortiz como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el principal órgano asesor del responsable del Ministerio Público. García Ortiz era desde el año 2002 fiscal de área en Santiago de Compostela y además era el fiscal delegado de Medio Ambiente de Galicia y llevó el peso del juicio del hundimiento del Prestige. Ortiz, miembro del Consejo Fiscal por la UPF (como Delgado antes de asumir la cartera de Justicia) coincidió en esta vista con la Abogada General del Estado Consuelo Castro, a quien la propia Delgado confió la jefatura de los servicios jurídicos del Estado cuando era ministra de Justicia y se tomó la decisión (luego rectificada) de no defender al juez Llarena ante la demanda civil que le interpuso en Bégica el huido Carlos Puigdemont o cuando se rebajó la calificación del «procés» de rebelión a sedición.

Cuando estaba a punto de vencer su mandato al frente de la UPF, García Ortiz abogaba por la plena autonomía del Ministerio Fiscal y calificaba de«desolador» para los fiscales el hecho de que la cúpula del Ministerio Público -que en aquel momento integraba José Manuel Maza-, y el entonces ministro Catalá hubieran sido reprobados por el Congreso (Delgado lo ha sido tres veces como ministra).

«El Estatuto orgánico permite que la Fiscalía General sea una especie de Rey Sol que la gobierne. Eso no está vedado porque en el Estatuto el fiscal general tiene muy pocos contrapesos o insuficientes. Pero tampoco dice que debe ser así. Hay un margen, llevamos mucho tiempo trabajando y no necesariamente ha sido siempre un ordeno y mando. Hay muchas formas de ejercer la jefatura de la Fiscalía. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que no queremos es llegar a ese modelo autárquico donde solo la voluntad de una persona , sin ser transparente ni estar motivadas sus resoluciones, pueda desacreditar el trabajo personal de la plantilla de fiscales», señalaba el nuevo jefe de la secretaria técnica cuyo nombrmiento será aprobado en los próximos días por el Consejo de Ministros.