Delgado pide ahora a los fiscales que agoten todas las vías telemáticas antes de ir presencialmente al juzgado

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto en el que da luz verde a los fiscales que están cubriendo servicios mínimos para realizar todas las actuaciones por videoconferencia. El decreto llega unas horas después de que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) denunciara el abandono de la fiscal general ante la falta de medios de protección con los que cuentan los miembros de la carrera que tienen que hacer guardias. Ayer habían expresado también su malestar con la carta que envió a la carrera insinuando, según la AF, que los miembros del Ministerio Público no querían hacer su trabajo cuando lo único que reclaman son mascarillas, guantes y gel para poder acudir al juzgado. Con el estado de alarma han quedado suspendidas las actuaciones procesales a excepción de guardias, menores, violencia de género, detenidos y habeas corpus, entre otras.

Aunque Delgado ya dictó anteriormente un decreto en el que determinó la generalización del teletrabajo y la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en el servicio de guardia, «evitando en lo posible todos los desplazamientos» y «potenciando el uso de medios telemáticos (videoconferencia», ahora recuerda que nuestro ordenamiento jurídico «prevé expresamente el uso de sistemas de videoconferencia u otros similares que permitan la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes». Y que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la Ley de Enjuciamiento Criminal facultan al uso de estos sistemas por razones de utilidad, seguridad y orden público. De igual forma, la ley también permite que el detenido se pueda comunicar con un abogado por teléfono o videoconferencia y que pueda recibir la asistencia de un intérprete también por esta vía.

La videoconferencia está avalada también por el Tribunal Europero de Derechos Humanos , así como por la Directiva del Parlamento Euriopeo relativa a la o¡orden europea de investigación en materia penal.

«Desde la declaración del estado de alarma las autoridades judiciales han arbitrado diversos y variados mecanismos de telecomunicación para las declaraciones de las personas detenidas y la prestación de la preceptiva asistencia letrada, recuerda. Por tanto, concluye, los fiscales que se encuentren prestando prestando servicios esenciales o de guardia, de acuerdo con el juez competente «y cuando resulte necesario para garantizar la salud de los asistentes y la suya propia, deberán agotar todas las posibilidades de comunicación telemática que la legislación procesal dispensa y la flexibilidad de la situación impone, en orden a la toma de declaración de las personas detenidas y a la celebración de comparecencias de medidas cautelares, evitando en lo posible el traslado de aquéllas o incluso el desplazamiento del fiscal a las dependencias judiciales, asegurando siempre y en todo caso los derechos de la persona detenida y de su defensa letrada de acuerdo con la legislación procesal».