Delgado permite a los vocales del Consejo Fiscal ver el expediente de Stampa si el interesado lo autoriza
La fiscal general no revela qué letrados del despacho de Garzón están personados en el caso Villarejo y remite a los consejeros de la Asociación de Fiscales a que lo pregunten en la Audiencia Nacional
Los vocales electivos de la mayoritaria Asociación de Fiscales podrán tener acceso al expediente del caso Stampa si el interesado lo autoriza. Así ha respondido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al requerimiento de los representantes de la asociación mayoritaria en el órgano de representación de la carrera fiscal. Los vocales habían pedido que se les permitiera constatar si, como denuncia el ya exfiscal de Tándem Ignacio Stampa, hubo una dilación intencionada de las diligencias que se le abrieron con el objetivo de vetar su acceso a una de las ocho plazas de Anticorrupción a las que concurría.
El teniente fiscal de Madrid y encargado de investigar a su compañero, Carlos Ruiz de Alegría, abundó en esta idea al asegurar, en declaraciones a ABC que hubo un intento «sibilino y torticero» por parte del jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha de Delgado, Álvaro García Ortiz, de dilatar esa investigación, sobre la que desde la Fiscalía de Madrid se propuso el archivo hasta en dos ocasiones al considerarla agotada. Stampa ha presentado ante el Ministerio de Justicia una demanda de reclamación patrimonial al considerar que su salida de Anticorrupción en 2020 se produjo de manera irregular y apunta a Dolores Delgado como responsable. Alude a su «interés personal» en el caso Villarejo y a la relación de su «pareja sentimental» , Baltasar Garzón, con algunos investigados.
Y este es precisamente otro de los aspectos por los que se interesaron en su escrito a la fiscal general los vocales de la Asociación de Fiscales y que se ha quedado sin respuesta. Los consejeros habían pedido el listado de abogados del despacho que dirige Garzón y que están personados en Tándem, un requerimiento que ha incomodado al exjuez de la Audiencia Nacional. En un burofax a la Asociación de Fiscales la semana pasada, les negó legitimidad para solicitar esta información. La fiscal general remite a los vocales a obtener esta información del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se intruyen todas las piezas relativas al comisario Villarejo, algo que no ha convencido a los vocales del Consejo Fiscal. Fuentes de este órgano creen que es obligación de la propia Delgado sumimistrar estos datos en su condición de presidenta del Consejo.
Respecto a sobre si existe algún expediente de abstención de Delgado en relación a las diligencias abiertas contra este fiscal (la AF considera que la fiscal general debió abstenerse al ser parte afectada, en virtud del artículo 15.2 del Reglamento Interno del Consejo Fiscal), la fiscal general comunica directamente que no lo hay.
En el comunicado posterior al último Consejo Fiscal, donde se le negó el acceso a esta documentación, la AF señalaba que la considerarla reservada y negarse a comunicarla «no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones«. Fuentes del Consejo Fiscal señalaron a ABC que los vocales no se dan por satisfechos con la respuesta de Delgado y anuncian que agotarán la vía contencioso-administrativa para obtener una información que, a su juicio, le corresponde dar a ella.
Ya en el congreso de la Asociación celebrado el pasado fin de semana, la AF exigió la «dimisión inmediata» de la fiscal general al considerar que carece de «idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de intereses». «Las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra Institución», concluyó en su congreso.
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