El Defensor del Pueblo reclama a Interior que regule las táser de forma «exhaustiva»
Fernández Marugán alega que su uso «constituye siempre una situación de riesgo», en línea con las tesis de Podemos
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán recomienda al Ministerio del Interior que regule de forma «exhaustiva y detallada» el uso de armas de descarga eléctrica (pistolas táser). Marugán reclama una regulación estatal que establezca unas directrices para que todos los cuerpos policiales tengan unos criterios comunes para su utilización.
«La Institución, a través de las visitas de inspección que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha constatado que cada vez más cuerpos policiales cuentan con armas de descarga eléctrica», señala. Y advierte de que el uso de estas pistolas «constituye siempre una situación de riesgo». Para reforzar su argumento recuerda que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre su utilización reclamando una legislación específica para su manejo.
Su utilización, recuerda a Interior, debe limitarse a que exista una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesión grave, y su uso debe estar sujeto a los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, aviso previo y precaución.
En enero, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago presentó en el Congreso una proposición no de ley para limitar el uso de pistolas táser (descargas eléctricas) por parte de los agentes. El fin, según la propuesta, era «evitar riesgo de tortura o penas inhumanas» y en ella cuestionaba tanto la capacitación de los policías para su uso como el respeto al principio de oportunidad y proporcionalidad. Ese cuestionamiento suscitó la reacción de los sindicatos policiales que acusaron a la formación de «falta de respeto» y «alarmante desconocimiento de la Policía».
Estas armas disuasorias, utilizadas por varias policías locales y por los Mossos d'Esquadra, formarán parte en breve de la dotación de la Policía Nacional que antes de repartirlas elaboró un reglamento detallado sobre su uso.
A juicio del Defensor, la regulación de las armas de descarga eléctrica debe contener instrucciones minuciosas para su utilización. Así, aboga por que los agentes que utilicen esta clase de pistolas reciban una formación específica sobre su uso y sean seleccionados entre personas con alta resistencia al estrés, algo que prevé el reglamento elaborado por Interior.
En su opinión, debería existir un procedimiento de control y supervisión, que incluya la presentación obligatoria de un informe por cada caso en el que se haya usado la pistola táser. Además, para un mayor control, las actuaciones deberían ser grabadas para que se puedan realizar inspecciones sobre su utilización. Las dos cuestiones las recoge también el reglamento, como informó ABC.
Ese uso, eminentemente disuasorio, se restringe a aquellos agentes de distintas unidades que hayan superado la formación necesaria para manejar los dispositivos electrónicos de control (su nombre técnico). El protocolo fija que se usarán solo para «reducir, inmovilizar o detener» a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, o bien que intenten suicidarse. Se habla de «situaciones de extrema y urgente necesidad« y se prohíbe que se utilicen con niños, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada y «personas débiles de salud».
Por otra parte, el Defensor considera que se debería realizar un reconocimiento médico a las personas contra las que se haya utilizado esta arma y un posterior seguimiento de las secuelas que les pueda producir.
La recomendación del Defensor del Pueblo a Interior es llamativa por cuanto el veterano diputado socialista aparentemente no conoce el citado reglamento de la Dirección General de la Policía, que fue publicado además de forma casi íntegra.
Así, Marugán muestra su preocupación por el uso de estas armas con personas que puedan padecer afecciones cardiacas y señala que se debe prohibir su uso contra personas vulnerables, incluidos menores, mujeres embarazadas o personas mayores, una prohibición recogida de forma expresa.
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