Defensas del «procés» piden que el juicio se retrase otras tres semanas para estudiar la prueba
El abogado de Turull, Rull y Sànchez se queja de que a sus clientes no se les deja usar el ordenador en la cárcel
El abogado de los procesados Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez , Jordi Pina, ha pedido al Tribunal Supremo que aplace otras tres semanas el inicio del juicio del 1-O en aras de preparar la defensa de los diputados suspendidos . Se suma así a la solicitud que en este mismo sentido ha hecho el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. En un escrito presentado ante la Sala Penal al que ha tenido acceso ABC, Pina señala que el plazo para estudiar toda la prueba anticipada que aceptó el tribunal en su auto del pasado viernes debería empezar a contara «una vez que la totalidad de dichos documentos lleguen a Sala garantizando así el efectivo ejercicio del derecho de defensa de mis representados ».
No es la primera vez que las defensas intentan frenar el inicio de la vista, que en un primer momento iba a comenzar precisamente este martes, 5 de febrero. Sin embargo, la advertencia del abogado de Junqueras alertando al tribunal sobre la posible vulneración de los derechos de los procesados si la fecha del juicio no se conocía con suficiente antelación, llevó a los magistrados a retrasarla hasta el próximo martes 12.
En paralelo a esa petición, el letrado de Turull, Rull y Sànchez se ha quejado también ante el Supremo de que a sus clientes no se les permite el acceso a sus respectivos ordenadores en la prisión de Soto del Real, pese a que el propio Tribunal sí autorizó este acceso durante el tiempo que los diputados presos estuvieron en la prisión de Lledoners antes de su traslado a Madrid.
Ordenadores comprados en prisión
En otro escrito de tres folios, Pina recuerda que sus representados compraron los ordenadores «y resto de material de trabajo estando privados de libertad en el centro penitenciario de Lledoners». Es decir, añade, «son equipos que cumplen con todas las medidas de seguridad que la legislación penitenciaria exige, habiendo sido todos ellos trasladados directamente de un centro penitenciario a otro en la misma conducción, sin haber tenido acceso a los mismos terceros ajenos a la custodia policial que pudieran haberlos manipulado».
La defensa recuerda que no se ha dado traslado de las actuaciones a las partes mediante copia en papel, sino solamente en formato digital . «Impedir a los acusados el acceso a tales archivos informáticos cuando falta sólo una semana para el inicio de las sesiones del juicio, comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa y su derecho fundamental a la igualdad ante la ley con respecto al resto de acusados no privados de libertad y el resto de partes (...) al llevar ya cuatro días sin poder acceder a todo su material de trabajo».
Aprovecha esta circunstancia para pedir la libertad de sus clientes, en aras de «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa». Y mientras se tramita esta petición, solicita a la Sala que, con la mayor urgencia, requiera a los máximos responsables de Soto para que «se abstengan de hacer cualquier tipo de manipulación del material electrónico» y les autoricen el uso de los citados ordenadores y material de trabajo en sus celdas «durante toda la jornada, salvo durante la actividad ordinaria del centro», que es lo que, según dice Pina, hacían antes del traslado efectuado el pasado viernes.
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