La declaración de Barberá: «El comité diseñaba las necesidades económicas. Yo estaba en la calle»
La exalcaldesa de Valencia reconoció ante el Tribunal Supremo que aportó mil euros al partido
Apenas una hora duró la declaración de la hoy senadora del Grupo Mixto Rita Barberá en el Tribunal Supremo , que la investiga por un presunto blanqueo de capitales durante su época como alcaldesa de Valencia.
Ante el magistrado Cándido Conde-Pumpido , Barberá negó ayer «absolutamente» la existencia de una «caja B» en el grupo municipal del PP de Valencia, así como cualquier tipo de financiación ilegal, aunque se desvinculó en todo momento de la vertiente «económica» que tenía atribuido el comité de campaña, al que ella, recalcó, no pertenecía: «El comité de campaña diseñaba las necesidades económicas y las distribuía. Yo me dedicaba al programa electoral y a estar en la calle», dijo.
En este sentido, señaló que no tiene firma en ninguna de las cuentas por las que le preguntó el fiscal y que era Mari Carmen García-Fuster quien llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo. Respecto a los gastos de campaña en 2015, señaló a su vicealcalde, Alfonso Grau . Ni él ni sus colaboradores directos le hablaron nunca de ninguna «caja B».
Barberá, que se dio de baja en el PP el 14 de septiembre, un día después de que el Alto Tribunal decidiera abrirle una causa penal, reconoció que efectivamente hizo una aportación de mil euros al partido, una decisión «puntual y extraordinaria porque hacía falta para la campaña». No obstante, negó que ese dinero se le reembolsara después en dos billetes de 500 euros, lo que constituiría precisamente ese blanqueo de capitales que investiga el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez . Por esta causa están imputados medio centenar de concejales, asesores y personas próximas al grupo municipal.
Ni castigos ni amenazas
En su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, la exalcaldesa de Valencia explicó que como militante «era aconsejable» la aportación de una cuota, dado que el partido necesitaba financiarse. Esa cuota solía ser de 60 euros mensuales , 30 en el caso de los militantes que no tenían cargo. En cualquier caso, defendió que no se trataba de ninguna «financiación atípica». Barberá señaló también que en ocasiones había «aportaciones extraordinarias», como las de los mil euros que han dado origen a esta derivada del caso Taula. Se trataba de «una aportación para incrementar los ingresos de la campaña».
La senadora aseguró que la decisión se tomó en una reunión del comité de campaña en la que ella no estuvo presente, y que fue algo que se pidió con «carácter voluntario»: «No había ningún castigo ni amenaza a las personas que no contribuyeran», sostuvo ayer en respuesta a las preguntas del fiscal, del magistrado y de su defensa (se negó a contestar a la acusación popular que ejerce el PSOE). Eso sí, añadió que no recuerda quién dijo que había que realizar esa aportación, igual que desconoce el número de militantes que la hicieron. También ignora por qué hay determinadas personas que la sitúan detrás de esta orden, cuando ella no tuvo nada que ver con la misma.
En relación con las adjudicaciones a empresas en función de sus aportaciones al partido, Barberá manifestó que todos los contratos se adjudicaban por una comisión integrada por técnicos municipales, y que era esta mesa de contratación la que hacía la propuesta al órgano que tenía que aprobar el contrato.
En este sentido, recalcó que no ha intervenido en dichas adjudicaciones ni hablado nunca con ningún empresario que en aquel momento tuviera interés en alguna adjudicación. Es más, prohibió que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio.
Noticias relacionadas
