Cursach deberá sentarse de nuevo en el banquillo
El principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares será juzgado por cohecho en una pieza separada del caso Cursach en la que se acusa a 11 policías locales de haber acudido a fiestas gratuitas con prostitutas y drogas
El principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares durante décadas, Tolo Cursach , deberá sentarse en breve de nuevo en el banquillo, en el marco de una pieza separada del denominado caso Cursach. Según ha adelantado este martes el diario «Última Hora», así se ha comunicado ya a todas las partes presentes en dicha pieza separada. En esta pieza serán también juzgados 11 policías locales de Palma que, supuestamente, habrían acudido a fiestas gratuitas con prostitutas y drogas en la discoteca Tito's, cuyo propietario era Cursach. Todos los acusados, incluidos también varios empleados de Cursach, deberán responder ante la Justicia por un presunto delito de soborno.
En concreto, en principio serán enjuiciados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Dicho delito es el que cometen aquellas autoridades o funcionarios públicos que, en provecho propio o de terceros, admiten por sí o por personas interpuestas dádivas o regalos. En cualquier caso, en los próximos días tendrá lugar una vista oral previa, en la que presumiblemente la mayoría de imputados alegarán que no cometieron ningún delito o expresarán su oposición a ser juzgados por el procedimiento del jurado, que es el previsto en esta pieza.
Cabe recordar que los orígenes de la macrocausa conocida hoy como caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar una posible trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta red delictiva Cursach —que poseía negocios en ambos municipios—, antiguos dirigentes políticos locales y funcionarios de distintas administraciones.
Según esa hipótesis, el magnate isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de dádivas y regalos, mientras que habrían perjudicado a los de la competencia con continuas inspecciones y sanciones. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio Cursach y por sus colaboradores.
Una primera condena
Hasta el momento, Cursach sólo se había sentado en el banquillo en una única ocasión, en concreto en marzo del pasado año, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Finalmente, fue condenado por el juez a ocho meses de prisión. Dicha sentencia no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que se tuvo en cuenta que el magnate había pasado previamente 13 meses en prisión provisional, entre marzo de 2017 y abril de 2018. El empresario quedó en libertad con cargos hace nueve meses, situación en la que aún continúa, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma.
Por otra parte, la pieza principal de esta macrocausa será dilucidada también ya en breve. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Fiscalía Anticorrupción presentó su escrito de acusación en relación a dicha pieza, en el que pide ocho años y medio de prisión para Cursach por los presuntos delitos de integración en grupo criminal, cohecho, coacciones y prevaricación. El Ministerio Público quiere que en el marco de la pieza principal se sienten en el banquillo otras 23 personas además del empresario, entre las que se encuentran empleados de Cursach, funcionarios y una quincena de policías locales de Palma.
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