El Constitucional tumba el órgano asesor para el proceso independentista de Cataluña
El TC también anula la Ley de Consultas Populares de Cataluña de 2010 por ser contraria a la Constitución
El Tribunal Constitucional ha anulado este jueves por unanimidad el Comisariado para la Transición Nacional , órgano creado por la Generalitat de Cataluña con el fin de asesorar sobre el proceso independentista, así como para vertebrar un referendum que culminase en el pretendido derecho de autodeterminación.
En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares , el máximo intérprete de la Carta Magna ha fallado que la norma por la que se creó el «Consell» -el Decreto 16/2015- es contraria a la Constitución y, por tanto, nula de pleno derecho.
De este modo, el Constitucional le da la razón al Ejecutivo , que había presentado un conficto de competencias contra el decreto, impulsado por el Gobierno del expresidente catalán Artur Mas. Actualmente, el Comisariado estaba coordinado por Francesc Homs , exportavoz del Grupo Catalán en el Congreso.
Con esta resolución, el TC también ha anulado el «Plan Ejecutivo para la preparación de las infraestructuras de Estado» y el «Plan de Infraestructuras estratégicas», o lo que es lo mismo, los instrumentos ideados para abrazar la independencia.
Ley de Consultas
Pero no solo eso, el Tribunal también ha anulado la Ley de Consultas Populares de Cataluña de 2010 al considerar que es ilegal por vulnerar la Carta Magna. Esta normativa había sido recurrida por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero , pues fue publicada durante su mandato, el 17 de marzo de 2010.
La sentencia, de la que ha sido ponente Cándido Conde Pumpido , el exfiscal general del Estado durante la legislatura de Zapatero, señala que con la norma la Generalitat estaba regulando un referéndum que está vetado tanto por la Constitución como por el resto de la legislación vigente.
Y añade que para que fuera posible la convocatoria de una consulta popular sería necesaria una ley orgánica procedente del legislador estatal que facultase a una autonomía para regular esta figura.
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