El Consejo Fiscal avala la ley de Memoria Democrática con el voto de desempate de Delgado

El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves por la mínima el informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. El órgano que representa a la la carrera fiscal se ha partido en dos, de forma que el voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha resuelto la votación seis a cinco.

Los cinco miembros de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, han votado en contra, mientras que los cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), así como el jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena, lo han hecho a favor. El teniente fiscal Juan Ignacio Campos no ha podido asistir a la reunión.

Para los vocales de la AF, la redacción de la norma de la ministra Carmen Calvo «resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria». Por este motivo creían que el texto tenía que ser rechazado «en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".

El Anteproyecto crea esta figura para la investigación de los "hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario" y también se le atribuyen "funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia". Según una nota difundida por la Fiscalía General, la creación de este fiscal de sala (primera categoría) "supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

La asociación mayoritaria considera que familiares y asociaciones de fallecidos durante la guerra civil y la posguerra «tienen derecho al descubrimiento de la verdad» y al apoyo de la Administración, pero señalan que el camino para hacerlo no es la vía penal. «Los denominados juicios de la verdad no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal , la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial», afirma la AF en una nota.

En este sentido, fuentes de esta asociación señalan que el anteproyecto es deliberadamente confuso sobre la función del fiscal, en el sentido de que no está claro si lo que se le atribuye es una función tuitiva, de supervisión de la actuación de órganos administrativos, o de investigación penal. Esas mismas fuentes consideran que, "de forma calculada", el anteproyecto no aborda cuestiones tan relevantes como los principios de seguridad jurídica y legalidad consagrados en la Constitución, la prescripción, la muerte del reo o la irretroactividad de la ley penal desfavorable. También critican que el texto de Calvo no entre en el análisis del momento en que hace su aparición el concepto jurídico de justicia transicional, solo a partir de 1988; tampoco analiza en su íntegridad la Convención Internacional para la protección contra las desapariciones forzadas ni los tipos penales aplicables.

El Consejo de Ministros aprobó en septiembre este anteproyecto de ley que prevé, entre otras cuestiones, la ilegalización de fundaciones o asociaciones que hagan apología del franquismo , un plan estatal de exhumaciones de fosas y la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil.