¿Qué consecuencias tiene que el TC declare inconstitucional la resolución de ruptura?
Del apercibimiento a la inhabilitación
¿Cuál es el contenido de la resolución rupturista que tumba el TC?
La resolución aprobada por el Parlamento catalán establece el inicio de un proceso constituyente fuera de la Carta Magna y del Estatuto de Autonomía, residencia la soberanía en la Cámara autonómica, aboga por el inicio de un proceso de «desconexión democrática» y hace un llamamiento a la desobediencia a las instituciones del Estado y al TC.
¿Qué consecuencias tiene que el TC declare su inconstitucionalidad?
La decisión del TC implica que esa resolución es nula de pleno derecho , como si nunca hubiera existido. Ese es el matiz respecto a los últimos veinte días, en los que la declaración existía pero estaba suspendida de forma cautelar hasta que se resolviera sobre el fondo del asunto.
¿Cuáles son las claves que la hacen inconstitucional?
El TC reproduce en su sentencia el rosario de artículos de la Constitución y del Estatuto que los independentistas se han saltado en su último órdago al Estado de Derecho. De todos ellos, destacan sobre los demás la soberanía nacional , que reside exclusivamente en el pueblo español, y la unidad de España.
¿Hay un apercibimiento expreso en la sentencia?
La Abogacía del Estado pidió la notificación en mano y el apercibimiento expreso a 21 cargos, pero lo hizo en referencia a la suspensión acordada hace un mes. En esta ocasión, los magistrados creen que ahora no es necesario hacer un apercibimiento expreso, pues el artículo 164 de la Constitución es claro cuando señala que las sentencias del TC tienen el valor de cosa juzgada. «Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma(....) tienen plenos efectos frente a todos ».
¿Qué pasa si el Parlamento o el Gobierno catalán la incumplen?
Al margen de las actuaciones que se puedan llevar a cabo por la vía penal, y que puede instar la Fiscalía por delitos de desobediencia u obstrucción a la justicia, el TC cuenta por primera vez con herramientas para hacer cumplir sus resoluciones. La reciente reforma de la ley que lo regula prevé, además de notificaciones en mano y apercibimientos, la imposición de multas de hasta 3.000 euros e incluso la suspensión del cargo público que no obedezca.
¿A quién se dirigiría el TC?
El TC tendría que intervenir ante un incumplimiento de su sentencia. El foco de la desobediencia se pondría en el máximo responsable de la institución en la que se vulnere la ley: es decir, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell o el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas . Además, queda la vía del artículo 155, que en caso extremo permite al Gobierno suspender la autonomía.
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