El Congreso regulará a los lobbies y publicitará sus reuniones
El PSOE propondrá ampliar este control a la relación de estos grupos con el Ejecutivo
El secretismo que rodea a la actividad política de los lobbies tiene los días contados ya que el Congreso admitirá esta tarde la toma en consideración de una propuesta del PP para regular las actuaciones de estos grupos de interés. Contará, al menos, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos aunque los socialistas criticarán el texto por entender que se queda corto.
La iniciativa prevé reformar el Reglamento del Congreso para incluir un nuevo capítulo donde se establecerá la creación de un registro obligatorio y público donde tendrán que figurar los lobbies que mantengan contacto con los diputados y el personal adscrito a los mismos. En ese mismo archivo, deberán dejar constancia de sus reuniones y acompañar copia de la documentación entregada durante las mismas. A la hora de su inscripción, los populares proponen que los lobbies especifiquen los clientes a los que representan y declaren los objetivos que persiguen .
Si alguno falseara la información, su inscripción sería cancelada y su acceso a la Cámara quedaría prohibido durante el tiempo que decidiera la Mesa del Congreso. El PP remata su propuesta con la redacción de un código de conducta de obligatorio cumplimiento y que prohibirá a los grupos de interés, por ejemplo, a «incitar a los diputados a infringir las normas» o a lucrarse con la documentación obtenida en el Congreso.
La luz verde que recibirá esta tarde la iniciativa pondrá en marcha su tramitación parlamentaria pasando a la comisión donde se abrirá el trámite de enmiendas. El PSOE planea presentar varias enmiendas para establecer controles aún mayores y ampliar esta supervisión a la actividad que estos grupos realizan ante el Ejecutivo con información pública y periódica. También propondrán que los altos cargos tengan que dar cuenta de su relación con los lobbies. El recorrido burocrático completo de esta iniciativa puede llevar entre seis y nueve meses. La propuesta popular propone además su entrada en vigor seis meses después de su publicación en el BOE por lo que, de aprobarse, empezaría aplicarse como muy pronto dentro de un año.
El PSOE vuelve al ataque
Junto a esta propuesta, el Pleno debatirá también una proposición no de ley del PSOE para derogar el mecanismo de actualización de las pensiones. Con este movimiento, los socialistas dan un paso más en su estrategia de demolición de las principales reformas aprobadas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy .
Aunque se trata de una iniciativa sin recorrido legal sí puede servir para volver a recordar al Gobierno que no ttiene la llave del Parlamento. De hecho, todo apunta a que el PSOE volverá a conseguir esa mayoría de la mano de Podemos y los grupos nacionalistas e independentistas. El texto insta al Ejecutivo a aplicar de forma urgente una revalorización no inferior al 1,2 por ciento para 2017 de manera provisional, mientras busca las medidas que permitan alcanzar un acuerdo social y político en el seno del Pacto de Toledo sobre un índice de revalorización de las pensiones que garantice su poder adquisitivo.
Los socialistas argumentan que según las previsiones de evolución de los precios para este año, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas alcanzará como mínimo un 2,75 por ciento. Algo que consideran «una falta de respeto y un fraude» del Gobierno por haber proclamado previamente que «nunca sus pensiones tendrían una merma retributiva». Además, advierten de que el 1 de enero de 2019 los futuros pensionistas verán recortada «considerablemente» la cuantía que reciben por el establecimiento del factor de sostenibilidad. Una situación que según pronostican «se perpetuará para toda su vida».
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