El Congreso inicia el camino para acabar con los plazos en la investigación penal

Junto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende dar a los fiscales la investigación de las causas penales en detrimento de los jueces de instrucción, la derogación de los plazos de la instrucción penal (artículo 324) será otra de las protagonistas de la legislatura en materia de política judicial. Esta tarde el Pleno del Congreso toma en consideración una proposición de ley de Podemos que pretende acabar con los plazos de instrucción que fijó el exministro de Justicia Rafael Catalá durante el último Gobierno de Rajoy. La filosofía de aquella norma, que prevé seis meses de instrucción para las causas simples y dieciocho para las complejas, era la de agilizar la justicia y evitar investigaciones eternas. Lo cierto es que en sus primeros años de andadura se ha topado no sólo con la oposición política (que ve en estos plazos un espacio para la impunidad), sino la de los fiscales, que son a los que se ha atribuido el control de estos plazos pese a no ser ellos los que en estos momentos están al frente de la investigación y no tener, por tanto, el control real de los procedimientos.

El PP, por contra, sigue manteniendo que establecer plazos es la fórmula para evitar dilaciones en la tramitación de las causas y que limitar los tiempos contribuye a la agilización de la justicia que desea todo ciudadano. Reconocen, no obstante, que en la andadura de esta reforma se han detectado fallos, pero basta con introducir alguna modificación sin necesidad de derogar la ley. Esta tarde propondrá que se contemplen otras causas objetivas distintas a la complejidad para que un procedimiento no tenga que ser cerrado en falso . Entre ellas, cuando las periciales encargadas no se reciban a tiempo o cuando sea imposible avanzar en una causa por colapso del juzgado o por otra «causa justa» que afecte a la calidad de la prueba necesaria para la instrucción.

El debate vuelve a estar servido. Y es que no es la primera que vez que se aborda en el Congreso. Se hizo en dos ocasiones anteriores: en la primera (2017) se alargó en exceso el trámite de enmiendas; en la segunda (2019) decayó tras disolverse el Parlamento por la convocatoria de elecciones. La propuesta de Podemos, a la que ha tenido acceso ABC, consta de un único punto que persigue la derogación del artículo 324 de la Lecrim . No es la única. Los socialistas ha presentado una similar pero al ser la de los morados anterior, es esta la que se tomará en consideración.

«Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la administración de justicia, en la práctica equivale a introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos», señala el texto. A juicio de la formación morada, esto tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, defraudación, corrupción y criminalidad organizada. «La ciudadanía puede legítimamente pensar qué habría sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investigan en este país, qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en esos plazos de 6 o 18 meses. La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad», apunta la proposición, que habla de «inseguridad jurídica».