El Congreso avanza para derogar los plazos en la investigación penal del PP
Cs y Vox votan a favor de una proposición de ley de Unidas Podemos, pero presentarán enmiendas
El Congreso admitió ayer a trámite una proposición de ley de Unidas Podemos (UP) para derogar los plazos de la instrucción penal del artículo 324, dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Pretenden acabar así con los tiempos que fijó el exministro de Justicia Rafael Catalá en el último Gobierno de Mariano Rajoy, seis meses para las causas simples y 18 para las complejas. La iniciativa se aprobó con la mayoría absoluta de 249 votos a favor y 90 abstenciones y un voto en contra.
Aquella reforma del PP se hizo para «agilizar la justicia», pero la entonces oposición vio en la merma de los tiempos facilidades para la impunidad. Una tesis que esgrimieron otra vez ayer PSOE, UP y sus socios, pero también Ciudadanos y Vox. En el lado contrario, el PP mantuvo que su reforma es la fórmula para evitar dilaciones en la tramitación de las causas. Aunque sí reconocieron que desde su aprobación se han detectado fallos que habrá que solventar con modificaciones sin necesidad de derogar todo el artículo 324.
«Discutir sobre nuestra propuesta es discutir sobre la importancia de la lucha contra la corrupción», fue lo primero que dijo Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de UP, que recordó la trama Gürtel («M. Rajoy decía que la única trama era contra el PP», apostilló) y otros casos de corrupción que sobrevuelan sobre Génova 13. «Este artículo se aprobó con el rodillo de la mayoría absoluta del PP contra el criterio de todo el mundo; el de los fiscales, el de los jueces, hasta la señora Consuelo Madrigal advirtió de sus peligros», continuó.
La reforma se encontró en su momento con la contrariedad de los fiscales, a los que se ha atribuido el control de estos plazos pese a no ser ellos los que en estos momentos están al frente de la investigación y no tener, por tanto, el control de los procedimientos. En los mismos términos, la socialista Isaura Leal defendió la iniciativa de UP.
El PSOE registró hace semanas una propuesta muy parecida, aunque será la de UP la que se tome en consideración por llegar primero al Pleno. El de ayer fue de hecho el tercer intento: en el primero (2017), se alargó en exceso el trámite de enmiendas; en el segundo (2019), decayó por las elecciones anticipadas.
Por su parte, la diputada de Vox, Macarena Olona, respaldó derogar lo que consideró una «vergonzosa reforma» del PP, que «sin duda no tenía otro propósito que favorecer la impunidad de los corruptos». Eso sí, subrayó la «necesidad» de «dotar de medios humanos y materiales a la administración judicial». Esta última fue una demanda que también defendieron los socios del Gobieno como PNV, ERC, Más País o BNG. «No se pueden acortar los plazos sin incrementar los medios materiales», señaló el nacionalista vasco Mikel Legarda.
Desde Cs, su portavoz adjunto, Edmundo Bal, también manifestó su «sí» porque considera que «los grilletes que deberían estar puestos en las manos de los investigados, se ponen en las manos de la acusación y se impide que hagan su trabajo». Aunque Bal aclaró que Cs presentará enmiendas por considerar «poco ambicioso» el texto de UP: «No se puede pretender sin más la derogación del artículo 324», apuntaló.
La popular María Jesús Moro subió a la tribuna a defenderse de las críticas de todos los grupos de la Cámara: «Esta no es una ley contra la corrupción y este no es un artículo que incorporara el PP para los fines que dicen», subrayó. Moro no se opuso a tramitar el texto, pero sí defendió que si no se fijan plazos se caerá en la inseguridad jurídica. «Proponemos un cambio en la misma línea que pide la Fiscalía desde 2016», dijo.
