PSOE y Podemos abren fuego contra los jueces y acusan al CGPJ de atentar contra la separación de poderes
PSOE y Unidas Podemos aprietan la mordaza a los jueces y tumban su petición de opinar sobre el CGPJ
El PP exige que el Congreso legisle con «calidad y garantías», cumpliendo la legislación europea
No por esperada la decisión es menos trascendente. La Mesa del Congreso ha rechazado el recurso presentado por el Consejo General del Poder Judicial contra la decisión de no permitirle informar sobre la nueva reforma que recortará sus funciones, ni solicitar la opinión del resto de colectivos implicados, como jueces o fiscales, y la Comisión de Venecia.
Como ya sucedió el pasado enero, PSOE y Unidas Podemos han impuesto su mayoría en la Mesa de la Cámara frente a PP y Vox que han vuelto a apoyar el requerimiento del Poder Judicial. La decisión se ha aprobado, por tanto, sin unanimidad lo que abre el camino a que sea recurrida.
El debate ha servido para que los socios de coalición abran fuego público contra los jueces, acusando al Poder Judicial intromisión en la Cámara Baja. «Ahora pretenden intervenir en las funciones del poder legislativo», acusó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
« Hemos tenido que vivir un bochorno según el cual los letrados y la Mesa del Congreso han tenido que recordar al CGPJ la separación de poderes, que su tarea es juzgar y la del Congreso hacer las leyes», abundó. «Hago un llamamiento al CGPJ a que respete la democracia y la separación de poderes en nuestro país», remató tras recomendar a la plana judicial «que lea Montesquieu».
Sin embargo, el Poder Judicial no solicitaba condicionar o alterar la tramitación parlamentaria de la reforma sino poder informar sobre ella a sus señorías al igual que la Comisión de Venecia o el resto de actores a los que afectará la reforma, tal y como establece la legislación europea.
En línea similar a Echenique, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarrello de Unidas Podemos, ha subrayado que «la mayoría de la Mesa ha considerado que suponía limitar el principio de autonomía de las Cámaras».
« Hay división de poderes, estoy seguro de que si el legislativo exigiera acciones sobre el judicial, sería considerado una barbaridad y de la misma manera se entiende que no cabe esa pretensión porque las reformas que se plantean son plenamente constitucionales», ha argumentado. «Hay una anomalía en el CGPJ y se ha decidido proteger la autonomía de las cámaras parlamentarias que es un principio básico de la democracia», insistió Pisarello.
En línea similar, la portavoz socialista, Adriana Lastra , ha defendido la decisión de la Mesa defendiendo que «la potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales» y en que éstas «en ningún caso» están «obligadas a solicitar informes o comparecencias previas».
Al igual que Pisarello, la dirigente socialista ha obviado varias cuestiones. La primera es que cualquier reforma planteada por el Gobierno que afecte a uno de los poderes del Estado sí debe someterse al informe de los órganos consultivos: el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial . Una obligación que PSOE y Unidas Podemos han eludido al presentar el texto como iniciativa de sus grupos parlamentarios en el Congreso.
Lastra también ha ignorado los llamamientos lanzados desde el propio comisario europeo de Justicia peticiones hechas por el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders , a las Cortes para que cualquier reforma del Poder Judicial que se tramitara contara con el informe de todos los actores implicados así como de la Comisión de Venecia, tal y como recoge la legislación europea.
Gamarra pide legislar con garantías
Frente a ambos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, defendió en rueda de prensa que la responsabilidad de las Cortes es «legislar con calidad y garantías, lo que no supone no legislar sobre otro poder sino hacerlo conforme al marco europeo que deja claro como se debe legislar cuando afecta a otro poder». «La participación de otros organismos como las asociaciones de jueces y fiscales, de la Comisión de Venecia no es un capricho, no es potestativo sino imperativo porque las leyes europeas así lo establecen y tenemos la obligación de cumplir el marco europeo del que nos hemos dotado», abundó.
La dirigente popular había defendido previamente ante la Junta de Portavoces los dos escritos de reconsideración presentados por el PP solicitando que la reforma no se tramite por vía urgente y que se dé audiencia a todos los actores e instituciones implicadas en la misma, tal y como solicitan los jueces y la Comisión Europea . La Mesa de la Cámara resolverá ambos escritos en su próxima reunión aunque no se espera sorpresa alguna y lo esperable es que PSOE y Unidas Podemos rechacen ambos escritos.
Gamarra ha denunciado, además, la doble velocidad que la izquierda impone en el Congreso según el interés que le generan las iniciativas a tramitar, como denuncia hoy ABC . La portavoz ha repasado como la reforma del CGPJ fue registrada el 2 de diciembre de 2020 y tan solo 13 días después -con puente por en medio- se estaba sometiendo ya a la consideración del Pleno del Congreso . Frente a ello, los recursos del PP contra la urgencia de la reforma y la falta de informes de los agentes implicados fueron registrados a finales de diciembre y aún están pendientes de resolución.
«Hay dos ritmos, el urgente y el exprés para todo lo que interesa al Gobierno y el lento para todo lo que afecta a los partidos de la oposición. Es la demostración de como se está articulando la política en nuestro país, consiguiendo deteriorar la calidad democrática », denunció.
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