El conflicto del taxi en Barcelona tiene su origen en la concesión del número de licencias de los VTC

Barcelona y Madrid paralizadas. No es la primera vez que ocurre. Tampoco las únicas ciudades en las que los taxistas llevan tiempo pidiendo que se regule la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor, operados por Uber o Cabify. Sus quejas se centran en que no se cumple la normativa del Gobierno por la que se estipula una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Un vacío legal entre 2009 y 2015 concedió más licencias a estos vehículos que han llegado a triplicar lo permitido. Por cada 64.000 licencias de taxi hay 7 mil de VTC. En un comunicado, los vehículos de transporte con conductor aseguran que cumplen con la legalidad. El detonante de lo ocurrido estos días ha sido precisamente el asunto de las licencias. En junio el Área Metropolitana de Barcelona aprobó un reglamento, que entraría en vigor en agosto, por el que debía cumplirse la normativa de una licencia por cada 30. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha suspendido con medidas cautelares por invadir, asegura, competencias estatales. Algo que secundó el Ministerio de Fomento pero de lo que ayer se retractó, aunque piden que se haga de manera oficial. El colectivo opta por mantener las protestas de forma indefinida, hasta que el Gobierno recoja las peticiones del Área Metropolitana.