La Comisión busca vías para que los tribunales diriman el pulso entre Delgado y la Fiscalía Europea

El Ejecutivo comunitario confirma haber recibido una carta de la jefa de la Fiscalía Europea (EPPO), la rumana Laura Kövesi, en la que se queja de haber sido relegada en España por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado en el caso del contrato del hermano de Ayuso. Tras escuchar a la Junta de Fiscales el pasado lunes, la Fiscalía General rechazó ceder su investigación a la europea al investigarse delitos que incumben a funcionarios españoles y no apreciar la malversación o fraude de fondos europeos que arguye la Fiscalía Europea.

La Comisión Europea busca una solución para hacer que se pronuncie sobre el tema el Tribunal Europeo de Luxemburgo y resuelva una cuestión prejudicial sobre esta disputa, la primera de este tipo que se produce desde la creación de la Fiscalía Europea el pasado año. Así lo ha dado a entender en sus respuestas Christian Wigand, el portavoz del comisario de Justicia Didier Reynders, cuando ha dicho a la prensa que «en caso de duda [sobre la competencia de la legislación española o la europea], correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir; y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal«.

Dado que la Fiscalía Europea es un órgano independiente y no tiene competencias para acudir al Tribunal Europeo de Luxemburgo para plantear una consulta prejudicial, tendrían que ser los tribunales españoles o la propia Comisión quienes decidan quién tiene razón. La Fiscalía española no ha considerado necesario hacerlo porque no tienen dudas de que es a Anticorrupción a quien competen estas diligencias abiertas a instancias de los grupos políticos de la izquierda en la Asamblea de Madrid. Lo cierto, como publicó ABC, el Reglamento europeo establece que en casos de controversias de este tipo resolverá la autoridad nacional, en este caso la fiscal general oída la Junta de Fiscales, tal y como se ha hecho.

La Comisión no ha querido entrar en la disputa entre la Fiscalía europea y la española y afirma que responderá en su momento a la carta de la fiscal Kövesi cuando la haya analizado, aunque su intención es que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva esta disputa. «En caso de duda, le correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir» puesto que »debe haber un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen hasta la Corte« que están estudiando en estos momentos los servicios jurídicos de la propia Comisión. El problema es que el decreto de avocación de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no admite recurso posible.

Este miércoles, la jefa de la Fiscalía Europea había publicado un comunicado en el que expresaba su «preocupación» sobre la decisión que había tomado Delgado de no reconocer a la fiscalía europea la prioridad en la investigación del polémico contrato, puesto que al ser una autoridad nacional es «parcial» para resolver un asunto que puede desembocar en una sanción contra España en las instituciones europeas y porque «la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia durante la reunión de los Fiscales de Sala» y con un procedimiento que ha interpretado el Derecho de la Unión pero «no prevé recurso alguno» lo que «impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE».

Kövesi había sido Fiscal General en Rumanía y después Fiscal Jefe Anticorrupción, una institución que contribuyó a crear precisamente con ayuda de la justicia española. En este último puesto tuvo una actividad muy intensa con la imputación de más de 3000 cargos públicos entre ellos varios antiguos primeros ministros, hasta el punto de que acabó siendo destituida por el presidente de la República, y después acusada a su vez de corrupción. Esta destitución fue considerada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En 2019 fue nombrada jefa de la recién creada Fiscalía Europea (oficialmente European Public Prosecutor's Office) desde la que ha mantenido la misma política implacable y agresiva y entre otras cosas ha logrado la detención de un ex primer ministro, el búlgaro Boiko Borisov.

La cuestión de base sería, por tanto, saber si la fiscal general del Estado es competente o no para haber tomado esta decisión en la que se interpreta la aplicación del Derecho comunitario antes de haber elevado una consulta prejudicial a los jueces de Luxemburgo. El apoyo de la treintena de 'primeros espadas' que componen la Junta de Fiscales a que siga Anticorrupción con la investigación ha sido, desde luego, unánime.