Colau intentó comprar el «Banco Expropiado» para entregárselo a los okupas
El Ayuntamiento de Barcelona descarta la operación porque el propietario pide mucho dinero por el inmueble
Si el exalcalde de Barcelona XavierTrias estuvo pagando el alquiler del banco expropiado como medida de actuación en el conflicto de Gracia, la actual alcaldesa, Ada Colau , pretendía comprar el local para cederlo a los okupas y resolver así el problema del «Banco Expropiado» . El Ayuntamiento explicó ayer más detalles sobre las vías de trabajo con las que se está concentrando para zanjar la polémica abierta a raíz del desalojo de este local hace ya diez días.
A primera hora de la mañana, la teniente de alcalde del consistorio, Laia Ortiz , avanzó en una tertúlia en la televisión local de Barcelona que el consistorio estaba negociando con la inmobiliaria propietaria la compra del local a «un precio razonable» . La propuesta, que más que contundente frente a los okupas parecía una cesión al colectivo, sorprendió a la oposición y al poco tiempo de conocerse el consistorio convocó a los periodistas para dar más detalles al respecto.
El edil de Gracia, Eloi Badia , salió a explicar horas después la evolución de las negociaciones, que el Ayuntamiento está centrando con los propietarios del inmueble. Badia corrigió las palabras de Ortiz y descartó rotundamente la compra del local por el «desorbitado» precio que solicitaban por el bajo de Travessera de Gracia. Él comentó únicamente que pedían más de 500.000 euros y algunas fuentes situaron ayer el precio por encima de los 800.000 euros .
«Era una nueva fórmula»
En este sentido, Badia puntualizó que el Ayuntamiento no se había planteado comprarlo directamente, sino que había estudiado que una iniciativa ciudadana pudiera adquirirla contando, eso sí, con el aval del propio consistorio, siempre que fuera «a un precio razonable y asumible por el tejido asociativo» .
Inicialmente «considerábamos que era una nueva fórmula que podía tener recorrido», comentó Badia. El edil también rechazó que se realice una permuta para conseguir el local.
A pesar del fracaso en este primer intento para conseguir un espacio para el colectivo okupa, que es la solución que está buscando Colau, el Ayuntamiento sigue buscando espacios alternativos para que las actividades del Banco Expropiado se puedan seguir desarrollando y confían en encontrar un local que satisfaga al colectivo.
De hecho, lo detalló Badia, el Ayuntamiento también está intentando negociar con los miembros del Banc Expropiat, a quienes han solicitado una reunión para hablar cara a cara del tema. Sin embargo, hasta ahora sólo se han comunicado vía e-mail y el colectivo okupa no ha accedido a verse con los técnicos municipales.
El colectivo sigue utilizando las redes sociales para dar su versión de los hechos y explicar sus planes de actuación. «La única solución: la reapertura del Banc Expropiat» o «Hasta que no volvamos al Banc seguirán las movilizaciones» , sentenciaban ayer. Además, en un tuit denunciaban que la Generalitat «se ha gastado en el desalojo mucho más de lo que el propietario pide» por el local.
El edil de Gracia aprovechó la ocasión para destacar que dsde el Ayuntamiento «no somos los primeros responsables, pero ponemos todo lo que tenemos al alcalce para solucionarlo» y recordó que se han estado reuniendo con entidades del barrio para intentar encontrar soluciones y «construir un espacio de diálogo».
Por su lado, la oposición cargó duramente con la estrategia de Colau de quedarse con el local. El portavoz de CiU, Joaquim Forn , criticó la «contradicción del gobierno» de cargar contra el alquiler que pagaron los convergentes y estar dispuestos ahora a comprar el local. Paco Sierra, de C’s, avisó de que «no podemos bajarnos los pantalones y ceder al chantaje», mientras que Àngels Esterller , del PP, vio «intolerable» comprar con dinero público un local «para entregarlo a los okupas» .
Por otro lado, ayer se celebró el juicio contra cuatro de los manifestantes que causaron altercados tras el desalojo de Can Vies , ahora hace dos años.
La Generalitat rebajó su petición de condena de siete a cinco años y medio de cárcel para uno de los acusados, que presuntamente hirió a un mosso. También pidió para los otros tres acusados 18 meses de prisión en lugar de los siete años que proponía inicialmente.
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