Ciudadanos presenta una ley para limitar a treinta días las prórrogas del estado de alarma
El partido de Inés Arrimadas critica la propuesta del PP para prescindir de esta herramienta excepcional: «No duraría ni cinco segundos en el Tribunal Constitucional»
Ciudadanos (Cs) llevará al Congreso de los Diputados su propia proposición de ley para limitar la vigencia del estado de alarma e impedir en el futuro que se aprueben prórrogas superiores a los treinta días de duración. El partido de Inés Arrimadas , que hoy ha cargado duramente contra la petición del PP , ve inevitable utilizar el artículo 116 de la Constitución para establecer confinamientos domiciliarios, pero quiere limitar su extensión.
Fuentes del partido subrayan que fue un error del legislador establecer un plazo máximo de treinta días para prorrogar el estado de excepción y no hacer lo propio con el estado de alarma, que en teoría está pensado para un escenario menos restrictivo. La Constitución sí prevé una duración inicial de quince días, pero ni ella ni la ley orgánica que desarrolla los estados de alarma, excepción y sitio fijan un máximo temporal para las prórrogas.
Cs se sitúa con esta propuesta entre el Gobierno , que se valió de la gravedad de la pandemia para conseguir el aval del Congreso para una prórroga de seis meses, y un PP que insiste en que se puede evitar el estado de alarma con una modificación de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Algo que equivale, según ha dicho Edmundo Bal en diversas ocasiones, a aplicar un estado de alarma con otro nombre.
Hoy el abogado del Estado y portavoz adjunto de Cs en el Congreso, de hecho, ha defendido que de no ser una proposición del PP , el PSOE votaría a favor y se frotaría las manos. Según él, con la propuesta del PP, que pretende que las comunidades autónomas puedan imponer restricciones como un toque de queda sin necesidad de ampararse en el estado de alarma, Pedro Sánchez podría evitar el Congreso mientras se imponen privaciones a los derechos fundamentales.
Una «barbaridad»
«No duraría ni cinco segundos la reforma del PP en el Tribunal Constitucional », ha espetado Bal, en la misma línea en la que se ha expresado esta mañana en la Cope su presidenta, Inés Arrimadas , que ha tachado de «barbaridad» la iniciativa de los populares.
«La única posibilidad de hacer un confinamiento por horas es el estado de alarma. No es una explicación técnica; estoy leyendo el artículo 116 de la Constitución», ha insistido Bal, que ha rechazado también las acusaciones del PP de «cambio de criterio» en Cs.
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra , ha acusado a Cs de «cambiar de opinión» por haber solicitado «un plan B» a cambio de su apoyo a las prórrogas del anterior estado de alarma y, ahora, negarse a secundar la petición de los populares. No obstante, Bal ha explicado que cuando Cs hablaba de «plan B», algo que entiende aprobado, se refería a la posibilidad de dictar actuaciones coordinadas y establecer cierres perimetrales en caso de ser necesario.
El PP, sin embargo, quiere que también cuestiones como el toque de queda se puedan aplicar sin recurrir al estado de alarma; algo que no comparten el Gobierno, Cs ni Vox. «Si necesitamos medidas más duras, tenemos el plan A: el estado de alarma» , ha terciado Bal, quien con ironía ha añadido: «Espero haberme explicado bien y que el PP lo haya entendido».
Criterios comunes en España
Cs votará «no» a la propuesta de esta tarde, pero sí quiere limitar el alcance del estado de alarma. En el seno de la formación liberal causó un fuerte malestar el último apoyo al estado de alarma, no por el fondo, sino porque el Gobierno propuso una prórroga de seis meses en la que no se ofrece ni una sola herramienta al Congreso para tumbarlo, en el caso de verlo pertinente.
De hecho, a los cuatro meses decidirán sobre el estado de alarma el Consejo Interterritorial de Salud y la Conferencia de Presidentes , en lugar del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Ahora Cs pretende que cada prórroga se apruebe en el Congreso por un máximo de treinta días. Sánchez, por tanto, estaría obligado a enfrentarse a un examen mensual.
Los liberales también reclaman fortalecer las competencias y la eficacia de la Alta Inspección de Sanidad para evaluar y fijar criterios comunes en toda España y, además, agilizar las decisiones judiciales. Para esto último, Bal ha propuesto que sea la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para ratificar las decisiones adoptadas en las actuaciones coordinadas del Ministerio de Sanidad. Así, se evitaría el choque institucional y que en algunas comunidades autónomas se aprueben medidas que se rechazan en otras.
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