El chófer de Bárcenas pide a la Audiencia Nacional que le saque de Kitchen porque pensó que era legal
El máximo uniformado de la Policía en la época asegura que no ordenó ningún operativo específico
El que fue chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha recurrido su procesamiento en la operación Kitchen con un escrito en el que pide a la Audiencia Nacional que le saque de la ecuación porque tenía el «convencimiento pleno» de que colaboraba como confidente en un operativo policial legal y falta practicar diligencias que podrían apuntalar este punto.
En su escrito, al que tuvo acceso ABC, la defensa de Ríos que ejerce el letrado Javier Vasallo asegura que el auto por el que ha sido procesado junto con otras nueve personas y entre ellas el exministro Jorge Fernández Díaz, es nulo porque no está suficientemente motivado y su argumentación, «desacertada» y «circunstancial». Llega a tacharla de «arbitraria».
«Tampoco se han practicado las pruebas que propuso el Ministerio Público y que estima imprescindibles para sostener la acusación, pretendiendo el Juzgado al que me dirijo, dicho sea en términos de estricta defensa, cerrar una instrucción de forma precipitada después de más de 4 años sin practicar todas las diligencias de investigaciones necesarias y fundamentales para obtener la verdad material», señala.
Sobre el delito de revelación de secretos, que se le imputa en relación a un móvil de Bárcenas que trasladó de un punto a otro, incide en que «estaba cumpliendo, como escolta privado, con un encargo que la propia familia le había encomendado, y con el absoluto y pleno convencimiento de que estaba cumplimiento con un mandato judicial y policial».
«Esto supone que no existió dolo o intencionalidad alguna en sus actuaciones que fueron todas ellas atípicas e irrelevantes desde el punto de vista jurídico, no siendo posible su imputación por referido delito», añade.
Respecto a los cargos por prevaricación y malversación, argumenta que en las fechas de Kitchen él todavía no era Policía ni por tanto, funcionario público; y rebate el de cohecho señalando que no se han practicado las diligencias suficientes para probar su inocencia ni se le imputan hechos concretos.
«Mi representado, tal y como ha quedado acreditado en la instrucción actuó con la conciencia y el convencimiento pleno de que lo hacía por mandato judicial y policías, colaborando con las autoridades pertinentes para evitar la comision de nuevos delitos o para ayudar al descubrimiento de la verdad material y la investigación de los hechos que estaban siendo objeto de investigación en la trama Gürtel», añade.
«Pino se limitó a derivar en funcionarios policiales»
También ha recurrido el procesamiento el ex director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, que centra su argumentación en que hubo una operación legal de la que él, además, poco sabía, y ha acabado procesado por razón de su cargo con una resolución que «hace aguas».
Según argumenta su defensa, «no existe el más mínimo indicio de que Eugenio Pino haya sido el director de ningún operativo específico». «Lo que se limitó a hacer fue derivar en funcionarios policiales, a la sazón Comisarios del cuerpo y responsables de unidades, el desarrollo de las funciones policiales, al margen de que en algún momento puntual, de forma activa o pasiva, tuviese conocimiento sesgado», añade.
Alega así que «no existe el más mínimo indicio» de que él encomendase a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño que «consiguiesen la confianza» de Sergio Ríos «con una finalidad espuria» y « tampoco puede sostenerse el carácter ilegal de ese colaborador policial ». Del mismo modo, incide en la ausencia de indicios de que «ordenó o autorizó una actuación de sustracción de documentos» al extesorero del PP.
El botín no aparece
Para la defensa de Pino, «es inaudito que el instructor de la causa dé valor sesgado a la nota intervenida a Villarejo donde se habla de localización de documentos sin especificación alguna de qué tipo de documentación» se trata, cuando a su entender, lo que deja claro es «la existencia de un interés policial-judicial evidente» y además, «es un borrador».
En este sentido, el escrito al que tuvo acceso ABC califica de «sorprendente» que no se haya concretado ni qué se le robó a Bárcenas ni cuándo, pues «ni siquiera» él ha sabido explicar de qué información se trataba «sino que se ha sumado al carro y con rotunda imprecisión habla de una sustracción de documentación que a todas luces le interesa ».
Pone el acento en que «al margen de Villarejo», ningún otro imputado ha dicho que el operativo respondiese a «razones espurias» y «no es lógico pensar que quien supuestamente graba sin descanso las conversaciones privadas que pueda mantener con sus interlocutores» lo hace por «buena fe». De hecho, cuestiona la verosimilitud de esas cintas
En general, alega que «no existe ningún tipo de indicio» del «fin ilícito de la operación policial», más aún teniendo en cuenta que la Policía «tiene el deber de investigar». Añade, por lo mismo, que el procesamiento de quienes fueron dos personas muy próximas a su labor en la DAO, los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, es además «insostenible» y «una muestra más de la irracionalidad» de la prosecución de esta causa.
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