El CGPJ sale de nuevo al paso ante las críticas de Podemos al Poder Judicial
La Comisión Permanente exige «respeto» a su independencia
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer un «recordatorio de que el respeto a la independencia del Poder Judicial, expresión de la división de poderes, es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia».
Este aviso a navegantes se lanzó en forma de declaración institucional y sin destinatario concreto, si bien se produce en un momento en el que ha cundido malestar por la ferocidad con la que determinados líderes de Podemos han reaccionado ante la causa abierta contra el partido en un juzgado madrileño por malversación.
«La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos», dice la escueta declaración que firman el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; y los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya.
Pese a lo aséptico del pronunciamiento, los tres vocales de la permanente elegidos a instancias del PSOE - Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta - decidieron pronunciarse en contra, alegando, entre otras razones, que no consideran este el momento oportuno de lanzar una declaración institucional de esta índole, según las fuentes consultadas por este diario.
En el caso de Cuesta, presentó un voto particular que manifiesta su discrepancia con tres líneas argumentales: que el acuerdo se adoptó «de forma sorpresiva» y «sin que hubiera el necesario consenso o coincidencia» para incluirlo en el orden del día, que «supone una solemnización de lo evidente» y que «rompe el necesario equilibrio en aras a garantizar la debida apariencia de imparcialidad» en las decisiones del CGPJ.
Un voto particular en contra
« Es una Declaración innecesaria e inoportun a, pues al no especificar a qué comportamientos o frente a qué declaraciones se refiere, susceptibles de amenazar o de menoscabar la división de Poderes o el respeto a la independencia del Poder Judicial, -siendo así una reacción indiscriminada-, pudiera generar confusión en la opinión pública, o cuestionar Derechos inalienables de las personas y colectivos a la Libertad de Expresión u opinión, o al ejercicio legítimo de su Derecho de Defensa procesal», expone el voto particular.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la razón de lo aséptico de la declaración es precisamente que las declaraciones consideradas más atentatorias no han sido proferidas por un miembro del Ejecutivo, que requiere más contundencia. Ocurrió con los exministros de Interior, Jorge Fernández Díaz y Justicia, Rafael Catalá, tras declaraciones sobre causas en marcha que se percibieron como un ataque a la independencia de los jueces, pero también con Pablo Iglesias.
El actual vicepresidente segundo del Gobierno ha sido interpelado ya dos veces por el órgano de gobierno de los jueces por salidas de tono. La primera vez, en enero, cuando dijo que la justicia europea «humillaba» a la española a cuenta del «procés». La segunda, en abril, al insinuar que la justicia no es tal por la condena de una de sus portavoces por atentado a la autoridad. En esta ocasión, ha sido más duro el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, para quien la instrucción tiene solo un objetivo mediático.
Se trata, no obstante de un aviso amplio, aplicable a otras esferas , pues ese es el prisma con el que se ha firmado la declaración: «respeto» frente a las críticas a la Justicia por la investigación sobre Don Juan Carlos o al Tribunal Constitucional por la detención de uno de sus magistrados. También a quienes frente a la renovación del CGPJ tengan la tentación de hacer un uso partidista de una cuestión que es Estado.
